De la ridiculez al desvarío judicial

Con acierto Ambito Financiero tituló, el último viernes 21, «Una ridícula actitud frente al vandalismo» referido a las medidas dispuestas por una jueza federal contra el ministro del Interior saliente, el secretario de Seguridad y el jefe de Policía por la «represión» a la violencia desatada.

Pero ahora, a pedido de los fiscales, los citados funcionarios y el ex presidente De la Rúa son impedidos de salir del país, imputándoles los delitos de homicidios reiterados, privación de la libertad, lesiones graves, etc. etc. y supuesta violación de compromisos internacionales por el dictado anómalo del estado de sitio, mientras el jefe de Policía era agraviado por legisladores.

Creemos que ningún jurista con espíritu razonable puede refutar la necesidad y urgencia del dictado del estado de sitio y antes bien las autoridades podrían ser juzgadas por la tardanza en hacerlo. Y tampoco nadie que haya visto televisión puede objetar la decisión del Poder Ejecutivo de repeler semejante desorden con toda la energía necesaria.

Justamente dijimos aquí el martes pasado que nos encontrábamos en una comunidad donde todos los impulsos antisociales presentes en la fantasía de cada individuo pueden canalizar sin tropiezos, y a ello contribuyen los medios e intelectuales interesados y esencialmente la Justicia que persigue con más ahínco a los policías que a los delincuentes.

Y si hay responsables penales de lo ocurrido son los activistas y sus jefes que provocaron ese desmadre y la consiguiente reacción del brazo armado democrático donde su accionar puede desligar hechos desgraciados propios del riesgoso contexto por todos apreciado.

Quienes imparten Justici pueden disponer conforme a su criterio, aun cuando puede rayar con el desvarío. Pero por otro lado está la obligación de las restantes autoridades constitucionales de iniciar acciones contra aquellos magistrados que con sus fallos pueden poner en serio riesgo el orden institucional con cara al futuro, en tanto desvanece el fin superior del sistema penal que es la trascendencia preventiva de sus dictámenes destinada a precaver otros delitos similares al crear conciencia en que quien decida hacerlas tendrá que pagarlas.