El ahorro hay que demostrarlo

Parece extraño que los gobernadores tengan la intención de apelar a la reforma constitucional para eliminar la SIGEN, dado que dicho órgano de control fue creado como consecuencia de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 y no tiene rango constitucional.

Asimismo, dicha ley, consecuencia del programa de reforma de la administración financiera gubernamental presentado ante el Congreso de la Nación en el año 1992, establece el nuevo sistema de administración financiera y sistema de control del sector público nacional vigente en la actualidad.

El carácter sistémico del modelo establecido por la Ley N° 24.156 implica necesariamente la consistencia y la interrelación de los órganos de control con el resto de los subsistemas que integran el sistema de administración financiera. Como consecuencia, la eliminación de dichos órganos de control o la modificación en las intervenciones que les sean requeridas por un nuevo mandato legal, afectaría la eficacia y la integridad del sistema de administración financiera.

Por otra parte, llama la atención la reivindicación de la figura del Tribunal de Cuentas cuando hace más de una década tanto la doctrina como la práctica de los principales órganos de control en el mundo están marchando en otra dirección.

Por otro lado, la cuestión de la relación entre el costo y el beneficio de la existencia de los órganos de control es un tema que merece ser tratado con mayor profundidad. En cuanto al costo, la SIGEN ha encarado una profunda reingeniería en sus operaciones que le está permitiendo mejorar sustancialmente la calidad de sus intervenciones sin incurrir en gastos adicionales.

En cuanto al beneficio que su actuación genera para el Estado y la ciudadanía, si bien es difícil de cuantificar, a modo de ejemplo se puede citar que, exclusivamente como consecuencia de las intervenciones en expedientes de consolidación de deudas, la SIGEN ha generado una economía en las cuentas públicas de alrededor de $ 710 millones, contando con un presupuesto anual promedio para el conjunto de sus operaciones de alrededor de $ 23 millones.

No es mi intención eludir el debate sobre el sistema de control en nuestro país, y mucho menos creo en la invulnerabilidad del sistema actual, sin embargo creo que abordar el tema de la manera en que se ha abordado, basándose en supuestos ahorros futuros aún no demostrados, elude las cuestiones centrales y minimiza la problemática del control.

No resulta vano señalar que este órgano de control está formado por personas que diariamente, en base a su responsabilidad profesional y su compromiso personal, plantean aportes, observaciones y recomendaciones hacia el conjunto de la Administración Pública, y que su dedicación y esfuerzo merecen, al menos, que la disciplina que desarrollan sea tratada con seriedad y ecuanimidad por los medios de comunicación.