18 de marzo 2002 - 00:00

La poco seria ley de "subversión económica" que usa la jueza Cubría

La insólita ley de «subversión económica» originalmente era contra la subversión guerrillera, que hoy la apoya contra empresarios. Curiosamente, nuestro Congreso le suprimió los 5 primeros artículos que podían afectar a sindicalistas y políticos, y dejó los que pretenden penar de 2 a 8 años de prisión a los que por «lucro» hagan algo contra su empresa y se deduce -se puede deducir de todo de esta ley «chicle»- que atentaría contra el país. ¿Qué puede mover a una empresa sino el lucro? Es tan absurda que es la única ley argentina que arranca en el artículo 6° porque le derogaron los primeros. Esta norma, que desempolvó del altillo y le aplicó respiración boca a boca la jueza Servini de Cubría, no fue sancionada, contrariamente a lo que se informa, por el gobierno militar del general Videla, sino por el de Isabel Perón. Aquí analizamos este engendro jurídico -exclusivamente argentino- originalmente destinado por los militares a reprimir al fallecido banquero David Graiver cuando manejaba fondos de los Montoneros obtenidos con el secuestro de los hermanos Born.

Se cuenta en la City que el presidente de un banco extranjero expresó: «¿Qué es eso de 'subversión económica'?, ¿operar comercialmente vendiéndoles armas a guerrilleros?».

En realidad se trata de un engendro jurídico argentino. Es un mamarracho legal exclusivo del país a tal extremo que se la llama «ley chicle» porque puede estirarse para ser usada a su antojo en todo por cualquier juez. Precisamente es grave dejar subsistir estos instrumentos, sin correlato internacional, en manos de nuestros magistrados cuyo mal endémico es la enfermedad del «broncismo» que cada tanto contrae alguno. Se caracteriza porque, repentinamente, una mañana un juez o un fiscal se levanta con la idea de que desea ganarse una estatua de bronce en la historia, por lo menos judicial. No lo lleva a escribir libros de Derecho sino a elegirse a algún enemigo al que la prensa -muy habitualmente de izquierda-haya desdibujado ante la opinión pública.

La guerrilla que operó en los '70 en el país tenía un modelo para sus atentados: la figura a la que matamos o le ponemos una bomba tiene que ser lo suficientemente conocida para que de por sí se explique el atentado sin tener que emitir comunicados explicativos, más allá de reivindicar la autoría. Por caso también lo hace la ETA en España en la actualidad.

Cuando ataca el «broncismo» a alguno de estos jueces nuestros le sucede lo mismo que a los terroristas: operar sobre alguna figura pública tiene que tornar innecesario dar explicaciones si determinada prensa ya hizo el «ablande» ante la opinión pública.

Ultimamente le pasó a Víctor Alderete del PAMI cuando el ex juez Adolfo Bagnasco le aplicó la desvirtuada «asociación ilícita» y hasta hoy no se le pudo probar ninguna irregularidad en la conducción del organismo. Más que el mal del «broncismo», a Bagnasco le atacó otra endemia judicial con la que suele confundirse: «politiquismo judicial», que consiste en dar un «golpe de efecto» malusando el derecho antes de renunciar y dedicarse a la política.

•"Broncismo" y prensa

El «broncismo» también suele atacar a algunos periodistas pero éstos no pueden utilizar métodos dañinos contra principios fundamentales como la libertad del ciudadano. El «broncismo» en el periodismo -a veces asemejado al ataque ideológico-crea «clima» que aprovecharán en sus ambiciones jueces o fiscales. Pero la ciencia ha estudiado que el «broncismo», en realidad, ataca con mayor virulencia a jueces y fiscales que a periodistas. A veces se da el mismo grado de gravedad como en el periodista Daniel Santoro, del monopolio «Clarín», que contrajo la enfermedad en una investigación periodística simple de ese medio para atacar, por razones sentimentales-familiares, al ex canciller Oscar Camilión. Usada la investigación para ese fin, ya que tuvo que renunciar como ministro de Defensa de Carlos Menem, Santoro no se dio cuenta de que en el trabajo había se había infectado la enfermedad y se la trasmitió por contagio a aquella pareja inefable del juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli que decidieron, tomados por el «broncismo», retorcer la figura jurídica de «asociación ilícita» y aplicársela al ex presidente Carlos Menem, a quien la izquierda marxista criolla no le perdonaba su alineamiento junto a Estados Unidos en una opción tonta porque -según ellos-tenía, si quería vivir «alineado», a la Cuba de Fidel Castro y sus resonantes éxitos en el campo del desarrollo económico o, si no le gustaba el castrismo, podía alinearse con el «tercermundismo» tipo Bangladesh, como había hecho un antecesor famoso por sus éxitos económicos como Raúl Alfonsín.

•Dos afectados

En este momento los jueces Mariano Bergés y María Romilda Servini de Cubría son las nuevas víctimas del mal del «broncismo».

La jueza reivindicó la obtusa figura de la «subversión económica» que es donde terminaría cayendo también Bergés aunque aún disimula su mal como «desobediencia judicial de banqueros» al no entregar depósitos a ahorristas, mientras la Cubría los juzga por haberlos entregado como «evasión de divisas». Es actitud normal y legal en todo Occidente remitir remesas al exterior. En algunos países (Brasil por caso) hay que «notificar». En la Argentina no regía eso antes, ni ahora. Pero una característica del avance del «broncismo» en un paciente es que provoca alucinaciones y obnubila el razonar correcto. Por caso en la jueza Servini de Cubría la lleva a imaginar que puede ocupar un asiento en alguna futura Corte Suprema si su admirada
Elisa Carrió logra como diputada llevar adelante ese otro desvarío de dedicarse a desmembrar la actual Corte Suprema de Justicia en medio de una crisis terminal en el país.

Se le reconoce a la ley de la
«subversión económica», Nº 21.459, un mérito: fue precursora -inclusive en el plano internacional-de las leyes justas para combatir el «lavado de dinero» que vendrían después. Un fin parecido de uso clandestino de capitales incontrolables para fomentar la subversión fue lo que llevó a su sanción original en los años '70.

La alocada ley de
«subversión económica» no nace en la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, como habitualmente se expone en la prensa, sino en el gobierno constitucional de Isabel Perón en 1974 con el número 20.840.

Es curioso que nuestra infantil izquierda criolla apoye esta ley que nació contra ellos, claro que si se trata de despanzurrar empresarios y empresas privadas aplaudirían al Fondo Monetario y hasta
George W. Bush, tal su encono.

Los militares de los '70, que ya pisaban muy fuerte y tenían casi copada a
Isabelita Perón, inclusive aislada en Córdoba por cansancio, idearon esta ley con un fin preciso: lograr poner preso a David Graiver, quien operaba bancariamente con el Banco Comercial de La Plata con dinero de los Montoneros, sobre todo tras el secuestro en 60 millones de dólares de los hermanos Born. Ese dinero, circulando y abasteciendo con jugosos intereses a grupos subversivos que los cedían para que los operara Graiver, enfurecía a los militares. Cortar eso fue el fin de la ley, en 1974 con 14 artículos, sobre «subversión económica» que hoy, insólitamente, se les aplica a empresarios con asentimiento y alegría de la izquierda, telúrica.

•Gobierno militar

Cuando asume el general Videla se dicta la Ley 21.459, que cambia la anterior del gobierno de Isabel Perón con artículos que van desde el sexto, que ya tenía, hasta el 14. Fundamentalmente agrega responsabilidades de "subversión económica" a gerentes, síndicos, fiscalizadores, etc. Pero esta ley del gobierno de facto, aunque vigente, no es exactamente la de los militares del proceso porque en el Congreso Nacional se cayó en demagogia: se votó la anulación de 6 artículos. El motivo fue que afectaba (huelgas salvajes, acciones de entorpecimiento laboral, etc.) a los sindicalistas y hasta a los políticos. Castigaba, por ejemplo, con 3 a 8 años al que "para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier medio alterar o suprimir el orden institucional". En cambio, dejaron vigentes los restantes que podrían ser aplicados contra el accionar empresario y la libre empresa. La consecuencia de esto es algo no menos insólito: esa Ley 21.459 empieza en el artículo 6º, que pena el "ánimo o lucro maliciosamente" contra un establecimiento, el más tenebroso contra la libertad de comerciar, hasta el 14º. Los que se sumaron fueron extendiendo la «subversión económica» también a contadores y auditores, siempre con el propósito de atrapar a todos los que operaban para Graiver con el dinero de los montoneros. Pero no decía «terrorismo» ni «guerrilla» por lo cual se le puede aplicar -y se está haciendo-a contadores hasta auditores de cualquier empresa o banco.

Con este esquema de anormalidad jurídica es comprensible que la actitud de algunos jueces argentinos de aplicar este mamotreto jurídico a empresarios horrorice a todos los países del mundo y haga desaparecer el concepto de seguridad jurídica en la Argentina. Una cosa es el delito económico (adulterar valores, cheques, balances, llegar a la quiebra financiera, evadir impuestos, financiar delitos, blanquear narcodólares, a acciones comerciales fraudulentas, etc.) y algo distinto es una ley de objetivo confuso y extensible a cualquier aspecto del comercio, inclusive los no definidos como delitos.

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