Medidas que no se toman

En medio de la enorme crisis que vive el país, en varias oportunidades ya hemos formulado advertencias en relación con el estado de los problemas públicos y la necesidad de un sinceramiento de los mismos, y del coraje suficiente para tomar las medidas necesarias para el saneamiento del Estado y del gasto político. El nuevo Presidente de la República ratificó lo que con tanto énfasis habíamos denunciado: la Argentina está quebrada y en cesación de pagos. Hoy Eduardo Duhalde tiene una responsabilidad histórica en este sentido. Además de instrumentar la forma en que prudentemente se debe salir de la convertibilidad en uso de la delegación amplísima de facultades que le dio el Congreso a través de la Ley de Emergencia Pública y renegociar la recomposición de la deuda externa, resulta necesario promover medidas que, además de movilizar la producción y el consumo, produzcan una suerte de shock de confianza para apoyar cualquier nueva gestión. Y si ello requiere una reforma constitucional, el Presidente debe tener el coraje de promoverla; y los gobernadores de provincia también. Algunas de las medidas esperadas por la población son las siguientes.

1. Reducción de los integrantes del Poder Legislativo.

Eliminación del tercer senador, con renuncia voluntaria inmediata de los más recientemente elegidos como tales; reducción a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados; Cámara legislativa única en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la mitad de los actuales integrantes. Eliminación de los Concejos Deliberantes remunerados e integración de estos últimos cuerpos con la mitad de su actual dotación y con carácter ad-honórem.

2. Unidad del régimen de administración pública.

Un régimen único básico para la función pública para todos los funcionarios del país, cualquiera sea la jurisdicción en que se desempeñen. Igualdad de remuneraciones, derechos y obligaciones.

3. Eliminación de nuevas Jubilaciones de Privilegio y reestructuración de las existentes.

Ninguna jubilación de privilegio otorgada hasta el presente debería superar un importe mensual de $ 2.400; y ninguna jubilación ordinaria o de privilegio, sumada a una pensión ordinaria o de privilegio, deberían sumar en conjunto un monto mensual mayor de $ 3.000. A partir de la reforma no deberían existir nunca más en el futuro sistemas jubilatorios de privilegio. Quienes desempeñen funciones públicas, a lo único que podrán aspirar es a sumar los aportes efectuados por ese mayor valor durante el período en el cual ejercieron las funciones públicas, con el objeto de promediar sus aportes para la jubilación ordinaria bajo el régimen que le corresponda en virtud del sistema al cual mayor cantidad de años y de fondos haya aportado. Ningún sistema jubilatorio debería permitir a su beneficiario -independientemente de la importancia de la función pública que haya desempeñado- acceder a un beneficio jubilatorio sin tener (i) la edad mínima requerida; y (ii) los años de aportes exigidos. Deberían eliminarse para siempre del sistema jubilatorio argentino los beneficios previsionales consistentes en haberes jubilatorios tomados a valores porcentuales del sueldo o ingresos actuales de funcionarios públicos en actividad.

4. Limitación a las dietas y sueldos públicos.

Ningún legislador, nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ningún funcionario público de designación política debería percibir en conjunto, sumando su dieta o sueldo y todos los beneficios adicionales, un ingreso bruto mayor de $ 3.000. Para el caso en que cualquiera de ellos gozara de una jubilación de privilegio u ordinaria, la suma que perciba en concepto de jubilación debería ser deducida de su dieta, sueldo y beneficios complementarios de modo que en conjunto no perciba un ingreso mayor a $ 3.000. Tampoco deberían tener derecho a designar empleados -salvo una dotación mínima- ni asesores. No por nada se les exige idoneidad para el desempeño del cargo público.

5. Pago de Impuestos por parte de legisladores y miembros del Poder Judicial.

Todos los legisladores nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían pagar los mismos impuestos que paga el resto de los ciudadanos de la República; especialmente el impuesto a las ganancias y el impuesto a la renta mínima presunta. Es impensable que quienes no pagan impuestos puedan legislar en materia impositiva disponiendo los gravámenes que debe soportar el resto de la población. Los miembros del Poder Judicial también deberían pagar impuesto a las ganancias.

6. Transparencia en el cumplimiento de los mandatos populares y respeto al voto conseguido.

Ningún ciudadano que haya accedido a una función pública por el voto popular debería poder abandonar sus funciones con anterioridad al cumplimiento de su mandato regular sin causa justificada en razones de salud. Si lo hiciera, debería quedar automáticamente inhabilitado por el término de quince años para el desempeño de cargos públicos. Asimismo, ninguna persona en ejercicio de cargo electivo debería poder presentarse como candidato a otro cargo -que no sea renovación del propio- hasta tanto no haya concluido totalmente dicho mandato.

El país está harto de que una parte importante de la casta política seduzca a los votantes con promesas para luego abandonar abruptamente los cargos obtenidos traicionando la voluntad popular. De ese modo, ellos no hacen lo que deben hacer ni cumplen con aquello para lo cual fueron elegidos, pues ocupan simplemente las funciones como modo de catapultarse a otras funciones diferentes. Es innumerable la lista de concejales que ejercen la concejalía como un mero trampolín para ser diputados, los diputados que ejercen la diputación a modo de campaña para ser senadores, los senadores que quieren ser ministros, los gobernadores que quieren ser senadores -y muchos de ellos se han hecho elegir como tales por las legislaturas provinciales años antes de que terminen sus mandatos-; otros senadores, al revés, dejan sus bancas para ser candidatos a gobernadores, el jefe de Gobierno no termina su mandato porque quiere ser Presidente y, consecuentemente, abandona la Jefatura para ser candidato; luego asume y después... fracasa y renuncia, asumiendo como Presidente el vencido en aquella elección presidencial. Finalmente, ellos no hacen lo que realmente deben hacer ni cumplen con el compromiso asumido, porque nuevos compromisos los «... llaman...». Dicho de otro modo, bajo el pretexto del «... servicio...», se privilegia el interés y la ambición personales por encima del compromiso contraído y del deber comprometido. Ni hablar de esos maravillosos «... cambios de domicilio...» a las provincias -especialmente la de Buenos Aires- en las cuales los candidatos no se domicilian, nunca se domiciliaron, nunca vivieron ni vivirán, y a las que transfieren un ficticio «... domicilio...» para ser candidatos a diputados nacionales, o recuerdan su nacimiento provinciano como factor habilitante de la candidatura cuando es necesario reforzar una campaña u obtener más posibilidades de poder ser elegidos para el cargo al cual aspiran. Por otra parte debe forzarse en cierta forma la renovación, para que dejemos de tener siempre a los mismos funcionarios y dirigentes deambulando por diversos cargos, aprovechando la frágil memoria de los argentinos.

7. Control y auditoría sobre ingresos y consumos.

Todos los funcionarios públicos, designados para cumplir funciones o para cargos electivos, en niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían presentar en forma pública declaración jurada de sus bienes, al momento de asumir sus funciones, y actualizar la misma anualmente. Asimismo, deberían poder ser auditados por organizaciones públicas y no gubernamentales, para determinar en forma periódica la composición de su patrimonio y las variaciones habidas, lo cual podría ser estimado, incluso, sobre elementos derivados de su nivel de vida corriente, y niveles de consumo. La misma norma se aplicaría a dirigentes sindicales, y todo tipo de organización en la cual se administren y dirijan públicamente bienes o intereses de terceros vinculados a la actividad política, sindical o empresaria. Que se pregone el adagio adaptado de «.... dime cómo vives y te diré cuánto ganas...».

8. Inventario y disolución de entes y organismos innecesarios o inoperantes.

Los ciudadanos deben ser debidamente informados e ilustrados respecto de la enorme cantidad de organismos, órganos descentralizados, comités, comisiones, y entes que generan gastos al Estado y respecto de ellos debe producirse una racionalización profunda con eliminación de los innecesarios, inoperantes y no estrictamente necesarios; e inmediata disolución de los «... sospechados...».

Aquí no se agota el listado; esto es sólo un punto de partida. Hace falta entre nosotros una verdadera reforma constitucional que pase por una modificación a fondo del sistema político total en la conformación del sistema de gobierno, y de estructuración de un plan de reconstrucción nacional; reforma sin la cual no se advierte pueda haber alguna salida razonable para los males que azotan al país; sea quien sea el Presidente. Como se dice en el lenguaje común: hace falta «... barajar y dar de nuevo...». Tomemos conciencia de que ya no quedan muchas «... manos...» por jugar si no se cambia a tiempo el juego.

(*) Especialista en Crisis y coautor de la Ley de Quiebras