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Moyano descarta que Gobierno baja Ganancias y va por ley de reparto
Para Moyano, la suba del mínimo de Ganancias es este año una cuestión crucial para sostener su poder de conducción dentro de la cúpula de la CGT. Sucede que con los «premios» y «aumentos extras» de fin de año, prácticamente todo el beneficio de la suba de 2010 (anunciada el 8 de julio) quedó retrasado (de hecho, había sido bastante austera por parte del Gobierno), con lo que muchos afiliados a gremios poderosos quedaron alcanzados plenamente por el tributo. Es el caso, por ejemplo, además de los propios camioneros, de mineros, petroleros, bancarios, autopartistas, operarios de las terminales automotrices y siderúrgicos en general, todos pertenecientes a gremios importantes que se mantienen más o menos cercanos a la conducción moyanista, pero con los que tiene que negociar permanentemente para mantenerse en el manejo de la cúpula de la CGT. En la mayoría de los casos, sumando extras y pagos varios, se trata de operarios y empleados que cobran actualmente entre 5.000 y hasta 10.000 pesos mensuales (en el caso de los petroleros y mineros es aún más), y gran parte del dinero termina en las arcas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la liquidación de Ganancias para la cuarta categoría. Esto es, empleados en relación de dependencia.
Si se tiene en cuenta que, en el escenario más pesimista para la CGT, los incrementos salariales de este año llegarían al 25% para diciembre, casi la totalidad de los afiliados a estos poderosos gremios terminarían pagando Ganancias.
Alcance
Actualmente están alcanzados por el impuesto los trabajadores solteros que cobren desde 4.818 pesos mensuales y los casados que perciban un salario superior a los 6.662,8 pesos. En la última reunión del consejo directivo de la CGT de la semana pasada, Moyano y el resto de la conducción de la entidad directamente dijo que ningún trabajador debería pagar el impuesto en el futuro, y que en el corto plazo debería elevarse la suma a los 7.000 pesos en el caso de los solteros y 8.000 en el caso de los casados. Aseguraron los sindicalistas que únicamente las gerencias y las direcciones de las empresas deberían estar alcanzadas por el impuesto en el caso de los trabajadores en relación de dependencia.
Según los cálculos moyanistas, si no se aplicara la suba del mínimo de Ganancias sería imposible aceptar el pedido presidencial para que los gremios moderen sus reclamos de aumentos salariales y los ubiquen en no más del 25% anual. El camionero y sus seguidores están dispuestos a aceptar ese porcentaje (en realidad pedirán lo que resta para llegar al 30% original a fin de año), pero a cambio de la seguridad de la suba de Ganancias, ya que con esta tendrán unos 10 puntos porcentuales más de mejora en el ingreso. Es lo que resta para que las alzas salariales superen entre el 30% y el 35% prometido a la tropa sindical para mantener la conducción de la CGT estable, al menos hasta octubre.
El Ejecutivo sabe que deberá tomar la decisión, y de hecho se descarta que así se hará. La duda hoy apunta al momento oportuno para hacer el anuncio. El oficialismo quiere esperar, como siempre a algún momento de junio o julio, cuando las paritarias ya estén concluidas y cuando los trabajadores ya hayan percibido el rigor del tributo en sus salarios. Luego se haría un acto público con la Presidente como oradora de fondo, y el gabinete y la conducción de la CGT como acompañantes, donde se anunciaría la mejora salarial. Esto sería, obviamente, un acto más dentro de la campaña electoral para octubre.
Sobre la forma en que se debería aplicar la suba del mínimo de Ganancias, no hay diferencias entre el Gobierno y los sindicalistas. El diputado nacional Héctor Recalde anunció ayer que no es necesaria una ley del Congreso para aplicar la medida, con lo que la CGT acompañará un eventual decreto de necesidad y urgencia para aplicar la rebaja. Con esto se evitará, además, para el Gobierno el costo político de tener que negociar con la oposición una medida cuyo rédito no se quiere compartir.


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