Polémico: Aduana lucha, diputado (UCR) se opone

Hace más de diez años se aprobaron acuerdos internacionales para fijar el precio real de los productos importados, corregidos en 1994 por Ley 22.425 (ver el Comercio Internacional de Mercaderías, Gustavo Zunino-Aldo Fratalocchi), por los que se da fe a los valores declarados en la Aduana por los importadores y despachantes.

Pero esos acuerdos en manos argentinas resultaron letales para nuestra industria, pues se abusó con precios falsos (bicicletas a $ 4, etc.) a pesar de las severas denuncias que desde 1991 realizó la Aduana y que la Cámara de Casación Penal falló como contrabando. Cientos de firmas importadoras en pocos meses despachaban grandes cantidades a $ 5, cuando en realidad valían $ 10 y, mientras se discutían esos precios viles en la Aduana, la mercadería se vendía en plaza, las importadoras desaparecían y las fábricas cerraban.

Para evitarlo, la Aduana pidió a los empresarios argentinos que aporten los precios reales para descubrir más rápido la subfacturación y les permitió participar en la verificación de los productos. Luego hubo inspecciones de preembarque en los países exportadores de los productos y se establecieron bandas de precios con datos de valores internacionales y un vista aduanero resolvía si no estaban incluidos en esas bandas. Esto mereció la crítica, pues había desprolijidades con la sola decisión de un vista y las subvaloraciones en los despachos y las empresas fantasma siguieron vigentes.

Bancos de datos

La Aduana, entonces, organizó bancos de datos más amplio de precios internacionales y ordenó publicarlos para que todos sepan los valores reales de mercaderías similares importadas y así transparentar para evitar fraudes.

Insólitamente, esa reciente decisión aduanera (1.004/01) donde el contador Casullo trata de resguardar a la comunidad de tanto abuso obligándolos, además, a presentar garantía por la diferencia en caso de que los precios de los productos a importar resulten inferiores a los aplicados, fue apelada ante la Aduana por el diputado nacional (UCR) Luis Trejo junto a Martínez (UCR Morón), alegando defensa de intereses colectivos. Pero al leer la impugnación, esos intereses colectivos se solidifican en los despachantes de Aduanas (dicen: afectan sus derechos subjetivos) y cabe aclarar que el ahora diputado Trejo era despachante aduanero en Tierra del Fuego y hoy esa materia la ejercen sus parientes. El Código Aduanero (art. 453 inc. a) dice que se debe dar garantía ante estas contiendas y el art. 13 del Acuerdo también cuando la decisión pueda demorarse. La publicación de los precios reales es razonable para pautas precautorias que permiten exigir garantía cuando el despachante e importador declaren valores inferiores. El dictado de normas no puede ignorar nuestra historia de destrucción laboral y desleal competencia, y la Aduana obró con razón y transparencia para prevenir alegres importaciones con precios ficticios. Su desafío, con sus errores, será cuidar la mayor exactitud de los precios que publica. Pero el interés público también reclama ese cuidado a los políticos. Ante ello suena más aconsejable que los diputados presenten sus proyectos para discutir en su ámbito natural, el Congreso, en vez de impulsar directamente asuntos en otros poderes, sobre todo, cuando sus profesiones podrían ser confundidas con intereses que dicen defender.