Una nueva pelea presagia el decreto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central entre Domingo Cavallo y Pedro Pou. Ayer, los abogados del Central analizaban la posibilidad de cuestionar la legalidad del decreto de reforma de la Carta Orgánica, ya que fue dictado dentro de las atribuciones extraordinarias que le confirió el Congreso al Ejecutivo.
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Más allá de los argumentos legales, la clave en esta puja en ciernes es otra: el decreto produciría una expansión monetaria de unos 3.000 millones de dólares. Es un monto elevado si no se produce, en contrapartida, el correspondiente ingreso de divisas en las reservas.
Técnicamente, el decreto establece que los bancos podrán computar como requisito de liquidez (es decir, la porción de depósitos que deben inmovilizar los bancos por disposición del Central) el dinero que tienen en efectivo dentro de las propias entidades. Actualmente, eso está prohibido por normas del Central. Si se lo permite, los bancos podrían computar dentro de los requisitos de liquidez algo así como 4 puntos de encaje; es decir, que en la práctica las inmovilizaciones legales de los bancos bajarían de 18 a 14 por ciento de los depósitos.
Protección
Cavallo quiere que bajen las inmovilizaciones de los bancos porque, si eso ocurriera, habría más plata en el sistema financiero para prestarles al público y las empresas. Si ese dinero se quedara en el país (si se volcara al crédito interno), los bancos se verían obligados a bajar las tasas del mercado doméstico. Pou -que se enteró de la existencia del decreto hablando, el martes a la noche, con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo- considera que los encajes son una protección que conjura las crisis financieras y que la medida no generaría una baja de tasas.
Desde la crisis rusa hasta esta parte, los sucesivos problemas económicos de la Argentina no se iniciaron en los bancos, precisamente porque, entre otras cosas, los elevados requisitos de liquidez evitaron que las entidades tengan problemas de caja. Pou sostiene que las tasas bajarán sólo cuando se reduzca el riesgo-país, y no a partir de una nueva expansión monetaria sin su correspondiente contrapartida en las reservas internacionales. Ambito Financiero dialogó ayer con un alto funcionario del Banco Central. Dijo lo siguiente:
* «Nosotros no acordamos ni tenemos que acordar nada con Cavallo. Nuestra misión esencial es preservar el valor de la moneda, y haremos todo lo que esta a nuestro alcance para cumplir lo que establece la ley.»
* «Economía dice que estos bonos podrán integrar los requisitos de liquidez de los bancos, pero nosotros tenemos que determinar las proporciones. Estamos recibiendo la información, pero no tenemos sugerencias ni presiones de ningún tipo.»
Para oponerse al decreto de modificación de la Carta Orgánica, los abogados del Central exploran la estrategia de que se lo considere nulo. El argumento, que todavía está en discusión, sería que con los poderes especiales por un año no se pueden avasallar las leyes que ya están en vigencia.
Es decir, que la modificación de la Carta Orgánica requeriría, según las primeras lecturas de los abogados del Central, una nueva ley. La otra vía legal para cuestionar el decreto sería por el lado de las impresiones técnicas, ya que el texto habla de «encajes», «depósitos indisponibles» e «inmovilizaciones», cuando actualmente existen los llamados «requisitos de liquidez». Es un argumento más sutil que el anterior, pero que también sería utilizado a la hora de los cuestionamientos.
Sea como fuere, lo que sí queda claro es que esta puja entre el Ministerio de Economía y el Banco Central tendría costos para el país y desataría nuevas subas del riesgo-país.
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