El polémico Lorenzo Borocotó en el momento ayer de sentarse
en la banca de legislador al comenzar la sesión en la que
se discutió el juicio político a Aníbal Ibarra, abucheado por
familiares y ante la indiferencia de otros legisladores, algunos
de los cuales no lo saludaron, como Jorge Enríquez.
La pirueta de Borocotó -que anoche seguía en al aire, votando ahora a favor del enjuiciamiento de Aníbal Ibarra, quizás porque su voto ya no era necesario- desnudó más que cualquier otro hecho la desintegración del sistema de representación política en la Argentina. Se sabía de diputados que dejaban la banca por disidencias con su partido. No se conocía que eso ocurriera antes de ocupar la banca y sólo a dos semanas de ser elegido. Borocotó pidió el voto a los vecinos de la provincia para ser oposición, esperó el diploma y fue a la Casa de Gobierno para decirles a esos vecinos que ahora es oficialista. ¿Tiene derecho la ley a forzarlos a los vecinos al voto obligatorio si no les evita esa burla?
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El remedio que ayer puso en circulación el constitucionalista todoterreno Daniel Sabsay es tan peligroso como la enfermedad: que se le aplique al pliego de Borocotó el mismo tratamiento que a Antonio Bussi para negarle la banca que ganó en las urnas, la inhabilitación moral. Según la Constitución, el Congreso es único juez de los títulos de sus miembros y eso impidió cualquier freno a la decisión de los votantes. La primera vez que se quebró eso fue en el caso Bussi, a quien se le impidió el ingreso a la banca argumentando sus antecedentes en la Comisión de Delitos Imprescriptibles y además no haber declarado una cuenta bancaria en el exterior. Igual criterio usó la Cámara Nacional Electoral para impedirle el ingreso a una banca al correntino «Tato» Romero Feris (ver vinculada).
Los partidos no se dedican a filtrar a los candidatos antes de ir al cuarto oscuro; ¿es razonable dejar en manos de la corporación legislativa la facultad de rechazar ingresos, como ocurrió con Bussi o en su hora con Ramón Saadi en el Senado? ¿Qué ocurriría si el ingreso al Senado de un Carlos Menem -elegido por el voto popular de su provincia- dependiera de la lapicera de Cristina de Kirchner o de la democracia casera de los Duhalde, que armaban legislaturas en el comedor de su casa?
Son pocas las democracias en el mundo que funcionan con voto obligatorio. Todas las que se toman como modelo tiene el voto voluntario, un sistema que fuerza al candidato a un doble esfuerzo. Primero tiene que persuadir a los vecinos a que participen, que acepten jugar el juego. La participación es el combustible que hace funcionar la maquinaria de la representación. Después, un segundo esfuerzo, tiene que conducir esa maquinaria en beneficio propio, que es convencera los vecinos de que lo voten a él. En los sistemas de voto obligatorio como el argentino, la ley le regala al candidato ese recurso del voto al eximirlo del esfuerzo de convencerlo para que participe. En este regalo que se le hace al candidato está la explicación de por qué en la Argentina se incumple siempre la promesa electoral: no existe un contrato de participación entre elector y elegido. Si el votante le reclama al mandatario porque no le cumple éste puede responderle: votaste porque la ley te obliga, no me pidás cuentas a mí.
El voto obligatorio era una cuestión de ley electoral hasta que en 1995, sin que figurase en el pacto de Olivos, se introdujo en la nueva Constitución. Fue un manotón de ahogado de los partidos para asegurarse el recurso del voto en un mundo donde los mecanismos de representación están en emergencia.
Si a esa obligatoriedad se le agrega la pulverización de los partidos que se evidenció desde 2001 y consagró la legislación electoral de la era Duhalde, los males del voto obligatorio aumentan. Los partidos desde la tramposa ley de internas abiertas se eximen de discutir candidaturas y le llevan al votante los nombres directamente al cuarto oscuro. Los decretos de la era Kirchner, además, permiten anotar candidaturas directamente sin tener partidos legalmente inscriptos. No extraña que un Kirchner haya accedido a la Presidencia después de perder las elecciones para suceder a un Duhalde que perdió las elecciones para el mandato 1999-2003 y en 2002 se sentó tan campante en el sillón de Rivadavia.
Que Borocotó desde el despacho presidencial se burle de quienes lo votaron es una consecuencia necesaria de ese entramado que usan los dirigentes para la parodia de la representación. En el país donde se justificó el regalo de electrodomésticos a cambio del voto, el propio gobierno omitió recordarles a los ciudadanos de la Argentina que el 8 de setiembre había una interna abierta, simultánea y obligatoria para elegir candidatos.
Llamativo cuando hay un presidente que habla todos los días y hace esfuerzos conmovedores para hacer conocer su acción de gobierno por todos los medios de que dispone.Nunca hubo una mención de esas internas a las que fueron sólo los radicales en algunos distritos y el socialismo en la Capital Federal.
Ayer, los ex socios de Borocotó en PRO consultaban abogados para ver si es posible frenar la asunción de Borocotó en la banca de diputado nacional que ganó junto a Macri. Pero convertir las faltas a la ética en castigos reglamentarios es lo que separa a la corrupción del delito; difícil que lo logren los hombres de Macri, a quien también le cabe reproches en este affaire. El, como conductor de PRO, debió ahorrarles este agravio a sus votantes. Borocotó dice ahora que él fue en la lista PRO porque le dijeron que quería aportase 6% de adhesiones que tiene en el público y que ese capital es de él, y que se lo lleva adonde quiere. Si esto fue así, Macri se lo tiene merecido, pero quien no lo merecía era el público que espera de un partido que por lo menos defienda la dignidad de su derecho a elegir.
Si el macrismo es una alianza electoral de oportunidad, como lo fue la que anudaron sin suerte la UCR y el Frepaso en 1997-2001, le seguirá pasando eso. Esas alianzas «pigliatutti» (toma todo) como las llaman en Italia duran menos que la liviana melodía (Borges) y sólo se salvan si tienen un liderazgo férreo y que cumpla el axioma «Jefe que no lucha, jefe que no conduce». ¿Hace eso Macri?