24 de septiembre 2008 - 00:00

Vuelve liga de gobernadores para pelear fondos a Nación

Riesgoso: cada vez que se unieron hubo crisis (Alfonsín, De la Rúa)

Arturo Colombi
Arturo Colombi
La pretensión de Néstor Kirchner de gratificar a Buenos Aires con la concesión de los 6 puntos de coparticipación perdidos en la década del ochenta potenció las conversaciones entre provincias para consensuar una eventual embestida conjunta -a nivel político o en el Congreso nacional-, con la intención de exigir que la Casa Rosada devuelva al interior la tajada del reparto de impuestos que, voraz, les fue quitando a los gobernadores.

«Lo de Kirchner es un despropósito total; rechazamos absolutamente esa maniobra inconcebible, ya que tiene que ver con lo electoral», disparó por caso el diputado nacional por el Frente Cívico y Social, Genaro Collantes (Catamarca). Según el legislador -alineado con el mandatario radical -ex K- Eduardo Brizuela del Moral-, ello «significa asignar recursos a la provincia que tiene mayor peso electoral concreto en el país». «Hablaremos con otras provincias y si hay que hacer un planteo en común lo haremos, porque es una acción concreta de desigualdad», anticipó.

De prosperar éste y otros diálogos interprovinciales -que incluso suman silenciosamente a varios mandatarios y referentes del PJ que se referencian a los Kirchner pero que mantienen una mirada crítica, como Juan Schiaretti, José Luis Gioja, Celso Jaque, Mario Das Neves-, el escenario podría incluso derivar en una suerte de liga de algunos gobernadores, pegoteados por las urgencias financieras y las deudas en los envíos nacionales con las que la Casa Rosada les reprocha su mirada crítica hacia la gestión K.

  • Riesgos

  • Esa postal parece en rigor hoy lejana, en parte sobre la base de los nuevos riesgos que les puede generar a esos distritos la apertura de otro frente de batalla con Nación.

    Sin embargo, si efectivamente Kirchner cumple con sus promesas y apura ese reposicionamiento bonaerense (que, en rigor, requiere del aval de todas las provincias), los tiempos del contraataque del interior se acelerarán.

    A fines de 1987, el por entonces gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero, encabezó una embestida ante el presidente radical Raúl Alfonsín que derivó en la sanción de enero de 1988 de la Ley 23.548, que ordenó reservar a las provincias 57,66% de lo recaudado (a partir de un reclamo blandido en 1986 por las provincias gobernadas por el justicialismo). Luego, sucesivos parches se encargaron de desvirtuar esa relación de fuerzas. Más críptica fue, en cambio, la liga de mandatarios peronistas surgida en tiempos del gobierno de la Alianza, que terminó volteando a Fernano de la Rúa. La integraban Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, y hasta el propio Carlos Ruckauf, entre otros.

    Hoy, el malestar tiene que ver precisamente con que Nación se queda con cerca de 70% de lo recaudado y, por ende, incumple con el piso de envíos de al menos 34% de esa torta al interior, previsto legalmente.

    Esa incomodidad desató ya conversaciones -por lo bajo- sobre potenciales acciones conjuntas, por caso, entre el gobernador Brizuela del Moral y su par de San Luis, el justicialista hipercrítico Alberto Rodríguez Saá.

    En sintonía, el mandatario radical de Corrientes, Arturo Colombi, mantiene diálogos con el senador nacional radical Pablo Verani (Río Negro) y con dirigentes de la UCR cordobesa.

    Según un informe de Economía & Regiones, producto de sucesivos parches en la Ley Nacional de Coparticipación, las provincias se vieron obligadas a ceder recursos -en favor de Nación- por $ 11.949 millones entre 2002 y 2008.

    Desde el territorio bonaerense también aportan datos para argumentar por qué la provincia debe recuperar los 6 puntos de coparticipación perdidos durante la gobernación del radical Alejandro Armendáriz. En un estudio del Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica -difundido ayer por «Diario Hoy»-, afirman que el distrito que hoy gobierna Daniel Scioli resignará por caso este año $ 6.500 millones por el incumplimiento en la garantía de 34% prevista por ley.

    Mientras tanto, permanece como asignatura pendiente la obligación de aprobar una nueva ley nacional de coparticipación, según lo dicta la Constitución reformada de 1994.

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