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Proyecto: si gana Cambiemos, impulsará ampliación de la Corte

Borrador ya circuló por algunos despachos oficiales. La idea es sancionar ley para que tenga 9 jueces y consensuar reparto con oposición. Naufragó intento preelectoral. Interna feroz por "Vialidad".

La idea pasó de estar flotando en el aire a garabatearse a trazo grueso en un borrador que circuló por algunos despachos oficiales y judiciales. El Gobierno Nacional, de salir victorioso en las próximas elecciones, buscará ampliar la Corte Suprema de Justicia y llevar a 9 miembros su integración. El diagnóstico del que parte la “mesa judicial” que asesora a presidente Mauricio Macri es certero: con esta conformación y con la mayoría circunstancial que (por intereses diversos) confluyó para resistir lo que entienden por interferencias de la Casa Rosada, sólo pueden esperar malas noticias. En el oficialismo ya la rotulan como una Corte “opositora”. Por eso es que el principal objetivo será el de “romper” ese bloque, con la certificación de que hoy los puentes de diálogo con el cuarto piso del Palacio de Tribunales están virtualmente quebrados. El punto de inflexión fue la forzada marcha atrás al pedido del expediente por la causa “Vialidad” que involucra a Cristina de Kirchner, lo que también derivó en el recrudecimiento de la tensión interna con el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz.

La alquimia que prepara Cambiemos para la Corte en un eventual segundo mandato puede ser más amplia: además de sumar cuatro sillas al máximo Tribunal, que deberá también repartir con la oposición, aspira a un combo de modificaciones tanto en la Procuración General (todavía sin poder nominar a un jefe de los fiscales) como en la Defensoría General de la Nación. No es secreto que a su titular Stella Maris Martínez buscan empujarla hacia una jubilación, aunque por ahora sin demasiado éxito. El proyecto de ley en desarrollo busca esquivar mayorías agravadas y que pueda ser aprobado por la mitad más uno de los presentes cada Cámara en el Congreso. El reparto futuro de sillas sería una segunda instancia de negociación aunque con el claro objetivo de minar la dinámica que adquirió en los últimos meses la sucesión de fallos adversos de los que el Gobierno se entera cuando se publican.

En el cuarto piso de Talcahuano 550 están al tanto de estos movimientos y del intento del Gobierno de colocar como “fronting” del proyecto al líder de la bancada peronista en el senado Miguel Ángel Pichetto. El rionegrino se negó de plano y el oficialismo decidió arriar las velas –con prudencia- hasta tanto pueda asegurarse una continuidad y recupere las energías. El contrapunto que generó el pedido del expediente de la causa “Vialidad” terminó de desmoronar la poca comunicación que existía entre la Casa Rosada y la cabeza del Poder Judicial. Sin brújula, el Gobierno le apuntó a Alberto Fernández como artífice de la jugada de la Corte cuando en realidad el hombre del kirchnerismo que mejor comunicación tiene con el cuarto piso de Tribunales es Eduardo “Wado” De Pedro.

Causaron mucha molestia las declaraciones oficiales contra el cuarteto que amagó con frenar el inicio del juicio oral. Pero el detrás de escena dejó heridas más profundas al interior de la Corte y la sensación de que la mayoría podría adoptar medidas más drásticas para graficar qué tan intensos son los cortocircuitos. Se sumó a que percibieron trabas en la circulación de los casos análogos por reajustes a jubilados derivados del caso Blanco y los de Ganancias a pasivos.

La respuesta de la Corte a la artillería que le dispensó el Gobierno por el caso de Cristina fue tan imperceptible como dañina: el mismo día del inicio del debate oral firmaron un fallo fuera de agenda en el que reconocían que determinadas sumas pagadas a personal del Ejército deben considerarse remunerativas y bonificables, como parte del sueldo. Existe un paper interno del propio Gobierno que reconoce que el universo de casos impactados por la sentencia podría trepar a los $80 mil millones de costo fiscal. Eso sin tener en cuenta lo que se deberá erogar por el caso de la coparticipación de Santa Fe, próximo a culminar. Y, adicionalmente, lo que representará como golpe político para la Casa Rosada que la Corte declare próximamente la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en la demanda que entabló Barrick Gold. Dentro del cronograma de sentencias previstas, será un revés que repercutirá en la política minera que propició el oficialismo.

En la Corte también tomaron nota de las declaraciones de Fernández –ya precandidato presidencial- cuando aseguró que no propiciará una ampliación del máximo Tribunal. Sus dardos estuvieron dirigidos a una eventual modificación en el Consejo de la Magistratura, siempre eje de controversias por su funcionamiento. Coincidió con una “mini-rebelión” de senadores del PJ que se negaron a aprobar una serie de pliegos que habían sido elevados tras el proceso de selección y que formaban parte de un pacto no escrito que podría trabar el resto de las designaciones que el Gobierno tiene en carpeta. Dentro de la Comisión de Selección están cuestionando el modo en el que se eligen los jurados, de los que depende quién queda y quién no en carrera.

La Corte recordó que desde hace un año cuenta con un dictamen de la Procuración en el caso que cuestiona la constitucionalidad de la actual conformación del Consejo de 13 miembros.

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