Colegios inmobiliarios y cámaras del sector cuestionan la reforma del Gobierno. Advierten por impacto en la seguridad jurídica, informalidad y falta de control en operaciones.
Un corredor inmobiliario asesora a una pareja durante la visita a una propiedad. Desde los colegios advierten que la intermediación profesional resulta clave para garantizar seguridad jurídica, transparencia y control en operaciones de compraventa
El anuncio de una desregulación del mercado inmobiliario impulsada por el Gobierno abrió un frente de alta tensión con los colegios profesionales. La iniciativa, que apunta a modificar el esquema de corretaje, los costos de las operaciones y las condiciones de competencia, recibió un rechazo casi unánime del sector, con una única voz que planteó la necesidad de modernizar el sistema.
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El planteo tomó fuerza luego de que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, confirmara en el evento organizado por Reporte Inmobiliario, que el Gobierno enviará en junio al Congreso un proyecto de desregulación inmobiliaria. El anuncio, realizado ante desarrolladores, brokers y analistas del sector, puso en agenda cambios en el corretaje, los costos de las operaciones y el esquema de competencia, y activó la reacción inmediata de los colegios profesionales.
El eje del conflicto pasa por la posible eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario. Desde el oficialismo, la medida busca reducir barreras de entrada, ampliar la competencia y generar nuevas dinámicas en el mercado. Desde los colegios, en cambio, la lectura es que se trata de un cambio que afecta directamente la seguridad jurídica de las operaciones.
El paquete de medidas que analiza el Gobierno propone revisar aspectos centrales de la actividad. Entre ellos, la matrícula profesional, los honorarios, las restricciones geográficas y el rol de los colegios como organismos de control.
La lógica oficial se basa en considerar al corretaje como un servicio de intermediación comercial. Bajo ese criterio, se busca habilitar el ingreso de nuevos actores, eliminar regulaciones consideradas restrictivas y permitir mayor flexibilidad en la fijación de honorarios.
Sin embargo, desde el sector inmobiliario sostienen que ese enfoque parte de una premisa equivocada. Plantean que el corretaje no es una actividad comercial tradicional, sino una profesión que involucra conocimientos técnicos, responsabilidad legal y un rol clave en operaciones de alto valor económico.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI), fue una de las principales referentes en fijar posición.
“No hay sustento jurídico. La organización de la actividad inmobiliaria es una competencia de las provincias y no fue delegada a la Nación”, explicó.
Liotto sostuvo que cualquier intento de avanzar sobre la matrícula desde el ámbito nacional podría derivar en conflictos legales. Afirmó: “Ningún Ministerio ni el Congreso pueden legislar sobre la habilitación y matriculación profesional”.
Además, cuestionó la concepción del corretaje como una actividad meramente comercial. “Implica un profundo desconocimiento de la profesión. Requiere formación técnica, actualización permanente y responsabilidad sobre decisiones patrimoniales muy relevantes”, señaló Liotto.
Liotto puso el foco en las consecuencias sobre la sociedad. “Eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas y expondría a los consumidores a errores, fraudes y prácticas abusivas”, advirtió.
En esa línea, remarcó que la colegiación no solo ordena la actividad, sino que garantiza estándares mínimos de calidad. Dijo: “El título universitario y la matrícula son herramientas que brindan transparencia y seguridad en operaciones que, en muchos casos, involucran los ahorros de toda una vida”.
También cuestionó el argumento oficial sobre la baja de costos. “Existe un desconocimiento del mercado. El corretaje es un servicio profesional, no un producto que pueda ajustar su precio como en una lógica comercial”, explicó.
Según su visión, eliminar regulaciones podría generar el efecto inverso. “Aparecerían intermediarios no controlados que trasladarían costos ocultos a los consumidores”, agregó.
Desde Rosario, Iván Vrancich, tesorero del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), coincidió en el diagnóstico y profundizó sobre las consecuencias operativas.
“Eliminar la matriculación es una desprotección total. Sin control sobre el intermediario, en caso de mala praxis solo queda la justicia ordinaria”, explicó.
Vrancich señaló que los colegios cumplen un rol activo en la resolución de conflictos. “Existen instancias de mediación que permiten resolver situaciones sin llegar a juicio. Eso desaparecería”, indicó.
El dirigente advirtió que una desregulación total aumentaría la conflictividad. Amplió: “Habría más fraudes documentales, más problemas contractuales y mayor siniestralidad negocial”.
También rechazó la idea de que el mercado necesita apertura para funcionar. “El mercado ya es libre. Nadie está obligado a contratar un corredor”, explicó Vrancich. Y agregó que la intervención profesional se vincula con la complejidad de las operaciones.
Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que la mayor competencia podría reducir costos. Sin embargo, desde el sector sostienen que ese diagnóstico no refleja la estructura real del mercado.
Vrancich planteó que los honorarios están regulados con topes máximos. Anticipó: “Si se elimina ese esquema, podrían aumentar en contextos de alta demanda”.
Nancy Vieitez, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina, coincidió en ese punto y amplió el análisis. “Los costos de una operación no dependen de los honorarios. Están vinculados a impuestos, sellos, cargas fiscales, financiamiento y construcción”, explicó.
Según Vieitez, el foco de una reforma debería estar en esos componentes. Señaló: “Reducir impuestos, mejorar el acceso al crédito y simplificar procesos tendría un impacto real”, señaló.
También advirtió sobre posibles distorsiones. “Sin controles, pueden aparecer operadores informales, conflictos entre partes y pérdida de confianza”, dijo la titular de la CIA.
Otro de los ejes del debate es la incorporación de tecnología en el mercado inmobiliario. Vieitez sostuvo que la digitalización es necesaria, pero debe implementarse con garantías. Acotó: “Se requieren sistemas seguros, validación de identidad y coordinación entre organismos”.
Liotto también se refirió a este punto y destacó el rol de los colegios en la capacitación. “El sector se prepara de forma constante para adaptarse a los cambios tecnológicos”, aseguró.
Vrancich aportó una mirada práctica. Señaló que en algunas jurisdicciones ya existen registros digitalizados, pero advirtió que la tecnología no reemplaza los controles jurídicos.
“La escrituración requiere validación y respaldo legal. No se puede simplificar sin entender el funcionamiento real del sistema”, indicó.
Desde el Colegio Inmobiliario de San Isidro, Paula Méndez, su presidenta, planteó que no existe información oficial sobre el proyecto.
“No fuimos consultados. La actividad ya es desregulada porque la intermediación es optativa”, explicó.
Méndez recordó que la profesión está regulada por ley y requiere formación universitaria. “Los colegios cumplen funciones de control establecidas por el Estado”, señaló.
También pidió un análisis técnico del tema. Méndez amplió: “Hay que abordar la discusión desde lo jurídico y lo operativo, no desde la política”.
A diferencia del resto del sector, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), planteó una posición más abierta.
Sostuvo que el sistema necesita cambios y mayor dinamismo. Argumentó: “La discusión debe darse con seriedad. El mercado requiere modernización”.
García Malbrán propuso diferenciar el rol del corredor del martillero y avanzar hacia una formación más específica. También planteó la necesidad de reconocer la figura del agente inmobiliario. “La flexibilización puede tener aspectos positivos si elimina barreras innecesarias y permite innovación”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la apertura sin reglas puede generar problemas. Señaló: “El desafío es combinar competencia con responsabilidad”.
El dirigente sostuvo que un mercado más abierto puede mejorar los servicios y fomentar el uso de tecnología, pero insistió en mantener estándares profesionales.
La discusión sobre la desregulación inmobiliaria abre un escenario complejo. De un lado, el Gobierno impulsa una reforma estructural con foco en competencia y eficiencia. Del otro, los colegios defienden un esquema basado en la profesionalización y el control.
El punto de tensión no es solo económico, sino también jurídico e institucional. La regulación de la actividad depende de las provincias, lo que anticipa posibles conflictos si se avanza sin consenso.
Además, el debate impacta directamente en los consumidores. Se trata de operaciones que involucran altos montos y decisiones patrimoniales clave. García Malbrán concluyó que "el camino debe apuntar a un mercado más moderno, competitivo y abierto, pero con reglas claras, formación adecuada y responsabilidad en cada operación".
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