Una de cada seis SAS se utilizó para emitir facturas apócrifas

Ámbito reveló que las bandas criminales apelaron a las Sociedades por Acciones Simplificadas para lavar dinero, incluso desde la cárcel.

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Una de cada seis Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se utilizaron para emitir facturas apócrifas, el dato surge de un relevamiento oficial al que pudo acceder Ámbito. Este medio contó el martes cómo la figura fue utilizada por la banda narco “Los Monos” para crear 40 empresas fantasma y lavar unos $1.200 millones, y cómo siguieron operando incluso desde la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner difundió la información en sus redes sociales. El oficialismo presentó un proyecto de ley en el parlamento para modificar esa estructura pero la oposición lo bloqueó y perdió estado parlamentario.

En 2017, en el marco del “apoyo al capital emprendedor”, el Gobierno de Macri creó la figura de las SAS. Esto permitió generar compañías en 24 horas, de forma automática, sin control de personas humanas, sin necesidad de aportar capital ni de especificar el objeto de la empresa.

Según un relevamiento de la AFIP del año 2020, de las 12.000 SAS registradas hasta ese momento, unas 2.000 emitieron facturas apócrifas para lavar. Es decir, una de cada seis se utilizó para fines delictivos. En el plan estratégico que elaboró el organismo recaudatorio en 2021 consta que el 70% de las facturas truchas fueron emitidas por estas formas societarias.

Al tratarse de una herramienta pensada para los emprendedores, los emisores de las facturas apócrifas accedieron, además, a beneficios fiscales. “La emisión de facturas apócrifas y el posterior cómputo del crédito fiscal ficticio constituye una de las maniobras de evasión de impuestos más generalizadas en Argentina. La persistente magnitud de este delito tributario se vio incrementada significativamente durante los años previos a la pandemia, como consecuencia de la creación en 2017 de la figura Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)”, dice el documento oficial.

Cómo reveló Ámbito esta semana, este tipo societario sirvió como fachada para lavar el dinero de bandas criminales. Tal es el caso de “Los Monos”, que generaron unas 40 empresas fantasma, emitieron más de 10.000 facturas apócrifas y lavaron unos $1.200 millones. Lo más sorprendente de todo es que los delincuentes siguieron operando incluso una vez detenidos. La difusión de esta información repercutió en la política, al punto de que Oscar Parrilli la detalló en un hilo de Twitter que luego replicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes de la Inspección General de Justicia (IGJ) confirmaron a Ámbito que “el 98% de las SAS de la Ciudad de Buenos Aires no lleva los libros que exige la ley, mientras que el 62% no lleva ningún libro”. En concreto, no tienen registros contables, por lo que “no quedan rastros de su operatoria”. La compulsa de la IGJ se hizo extensiva a controles presenciales. El resultado fue que “en un porcentaje superior al 90% en que se fue a verificar las sedes sociales, el domicilio era falso o inexistente”.

Con jurisdicción exclusiva en la Capital Federal, el organismo que conduce Ricardo Nissen endureció los controles. Para extender el efecto a nivel nacional, el bloque oficialista presentó un proyecto de ley de reforma de las SAS en el Congreso. La iniciativa obtuvo rápidamente la media sanción en el Senado, pero como fue bloqueada por la oposición en Diputados esta semana perdió estado parlamentario.

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