Además de Julio Conte Grand como procurador, la gobernadora balanceó nombres consensuados durante la gestión de Daniel Scioli. Ya cubre un tercio de las vacantes.
Jura. Luego de prestar juramento el 28 de diciembre, la designación de Julio Conte Grand como procurador quedó firmada por María Eugenia Vidal en el Boletín Oficial junto a otros 85 jueces, fiscales y defensores para todos los fueros de Buenos Aires.
María Eugenia Vidal aprovechó la feria judicial de enero y puso en funciones a 86 nuevos magistrados -entre jueces, fiscales y defensores- que cubrirán casi un tercio de las vacantes existentes dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de ellos tenían acuerdo del Senado bonaerense y son parte de la herencia del sciolismo. En otra jugada de equilibrio político, la gobernadora respetó gran parte de esos nombramientos lo que también tuvo buena recepción al interior de la familia judicial, de donde provenían muchos de los candidatos. Sin embargo, algunos de los nombrados no tienen siquiera creado el juzgado en el que deberán desempeñarse, debido a la maraña de leyes que diseñaron cargos y hasta competencias cruzadas entre los funcionarios judiciales de la provincia.
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Los nombramientos abarcaron a jueces (incluyendo camaristas), fiscales, defensores, jueces de paz y asesores de menores para los diversos departamentos judiciales en los que está dividido el territorio bonaerense, lo que le agrega complejidad a su estructura organizativa. Pero el nombre que se destaca en la publicación en el Boletín Oficial es el del nuevo procurador general ante la Corte Suprema de la provincia, Julio Conte Grand. Ocupa el casillero 86. De este modo, se oficializó su designación como jefe de todos los fiscales y defensores que tuvo luz verde en el Senado, sin que hiciera mella la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) que había pedido una declaración de certeza sobre si debía aplicársele el requisito de dos años de residencia en la provincia como a otros integrantes del Poder Judicial. La causa quedó empantanada y su pliego avanzó hasta tener acuerdo y saltar así, de la Secretaría Legal y Técnica a ser el reemplazo de María del Carmen Falbo.
Los otros 85 nombres provenían de un listado de 134 que habían sido propuestos al Poder Ejecutivo cuando lo ocupaba Daniel Scioli, y lograron el visto bueno parlamentario. Las ternas se arrastraban desde 2015. Cuando el excandidato presidencial por el Frente para la Victoria dejó el poder había un existente de 300 cargos libres en la provincia, varios de ellos creados a través de una intrincada madeja de leyes, con superposición de funciones. Con esta tanda, Vidal llegó a cubrir casi un centenar de puestos (durante 2016 aprobó nombres a cuentagotas) pero sin cambiar sustancialmente la nómina heredada. Son 52 jueces, 12 de los cuales asumirán como camaristas, 9 irán a juzgados de familia y uno al juzgado de paz. El resto de los magistrados corresponden a juzgados de garantías, tribunales orales, ejecución de la pena, civil y comercial, Contencioso Administrativo, del Trabajo, y juveniles. A ellos se les suman 20 fiscales, 7 defensores oficiales y 6 "asesores de incapaces". Todos ellos reportarán ahora a Conte Grand.
Pese a lo masivo de las designaciones en los 19 departamentos en los que está dividida la provincia, la vacante del juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata no fue cubierta. Es un tribunal clave que dirime las demandas contra decisiones del Gobierno provincial y que hoy está subrogado por la jueza María Ventura Vázquez. Pero la complejidad del panorama, pese a los nombramientos y a la intención de Vidal de cubrir vacantes para las que había acuerdo político, es que varios de esos juzgados no tienen sede. O sus puestos se crearon pero aún no lo hizo el juzgado en sí mismo. La multiplicación de dependencias se contagió a las fiscalías que también tienen unidades especializadas pero a veces con competencias cruzadas o superposición de funciones.
Un ejemplo donde los nombramientos cubrieron casi todos los cargos es el de Saladillo. Pero el juzgado no existe aún. En 2015 se creó el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. En total, siete cargos entre jueces, fiscales y camaristas fueron cubiertos por la lapicera de Vidal, pero no cuentan con una sede para comenzar a actuar. Idéntica situación atravesó el Departamento de Moreno y General Rodríguez, que ni siquiera está en marcha. En algunos lugares sobran cargos y en otros faltan, uno de los motivos de lo que -agentes judiciales en la provincia- denuncian el colapso del sistema.
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