Chubut es pionera en la consagración de derechos sexuales y reproductivos
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En Chubut el procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue fijado por la Ley Provincial XV Número 14, y cuenta con una Guía Técnica mediante Resolución Ministerial desde el año 2010. En el año 2012, mediante el caso "F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva", que se inició en los Tribunales de Chubut y terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se marcaron los lineamientos en esta materia, instando a todas las provincias a tomar las medidas que remuevan las barreras administrativas y fácticas para el acceso a los servicios médicos.
La interrupción legal del embarazo va más allá de ser una cuestión médica e involucra muchos aspectos de la vida de la persona, tales como la intimidad, la autodeterminación y un complejo de derechos ya reconocidos en diversas normativas nacionales, tales como las Leyes Nº 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la Nº 26.529, de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de Salud.
El acceso hoy a un aborto en forma segura está determinado en la mayoría de los casos por la situación social y económica particular de cada mujer, ya que quien cuenta con recursos económicos accede a una forma segura de abortar en el medio privado, mientras que quienes no cuentan con dichos recursos deben recorrer el sistema público en busca de justificar dentro del marco de la ley el acceso a la práctica.
En Chubut se aseguran los derechos de la persona en situación de ILE aplicando la Ley XV Número 14. Entendemos el Aborto Inseguro como una de las principales causas de morbilidad y muerte materna en nuestro país, que requiere respuesta desde Salud Pública e interpela a generar herramientas legales en pos del cuidado integral de la Salud de las Mujeres.
Las creencias personales, válidas desde lo individual, no son representativas desde lo colectivo y social. Con posturas restrictivas se da la espalda a una realidad cierta, acrecentando las barreras de accesibilidad socioeconómicas y culturales que existen, siendo justamente el deber del Poder Legislativo el representar y defender la garantía de los derechos de la población más vulnerable.
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