Una «vía legislativa» para otorgar una «amnistía» a los imputados no logró prosperar hasta el momento, ya que a pesar de que el pasado 28 de junio la Cámara de Diputados catamarqueña dio media sanción a un proyecto de ley en ese sentido -tal cual lo contempla la Constitución provincial-, en el Senado se resisten a la aprobación definitiva de la iniciativa, por entender que es la Justicia la que debe expedirse sobre estos hechos penales. En este marco, el juez Guillermo Cerda Rodríguez anticipó que el primer proceso se activará el 8 de setiembre, día en que se juzgará a una mujer del departamento Santa María, en tanto que el segundo fue fijado para el 15 de ese mes. El debate oral y público se concretará en una sede judicial del centro capitalino, y en todos los casos los imputados deberán responder por los supuestos delitos de «impedimento de sufragio» y «destrucción de urnas», establecidos en la Ley Electoral Nacional 19.945. Sin embargo, el abogado Víctor Pinto, defensor de varios de los imputados, aseguró que planteó la «nulidad» de la elevación a juicio de las causas, porque sostiene que no fue notificado de la resolución. Las elecciones generales locales debieron ser suspendidas por los serios incidentes protagonizados por militantes del sector justicialista que respondía al dirigente gastronómico y entonces titular del PJ local, Luis Barrionuevo. Los disturbios incluyeron la quema de urnas, agresiones personales y destrucción de edificios públicos. Los hechos de violencia se desataron tras una decisión judicial que anuló la candidatura a gobernador de Barrionuevo, por carecer residencia en Catamarca.
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