Tierra del Fuego - La gobernadora electa del ARI, Fabiana Ríos, podría asumir anticipadamente el poder el próximo 17 de diciembre, de la mano de una renuncia ese día del mandatario saliente, Hugo Cóccaro, acorralado por una grave crisis financiera.
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Para ello, la Legislatura deberá aprobar una modificación a la Ley de Acefalía local, trámite que se concretaría entre mañana y el jueves, para posibilitar así un recambio casi conjunto con el de los legisladores locales.
Es, en rigor, la aspiración del perdidoso candidato kirchnerista, quien cayó ante Ríos en el ballottage fueguino del pasado 24 de junio y que ya amenazó varias veces con dimitir, complicado para enfrentar una transición hasta el 10 de enero.
El proyecto apunta a retocar un artículo que establece el orden a seguir ante un caso de acefalía en el Ejecutivo, para habilitar una asunción de autoridades electas, en caso de existir. En rigor, la propuesta de reformar la Ley de Acefalía surgió del propio bloque del ARI.
Consenso
Según el legislador Luis Velázquez (que milita en el FUP, y es el autor de la iniciativa), existe ya consenso en el recinto entre las bancadas del peronismo y del Movimiento Popular Fueguino para sancionar esa norma.
Desde la vereda arista, en tanto, el vicegobernador electo, Carlos Bassanetti, aseguró que «es irrazonable que, existiendo autoridades electas, haya que recurrir a autoridades suplentes porque la ciudadanía ya se manifestó».
«La transición es muy larga y esto políticamente no es bueno, y si a esa dificultad se agrega un período con las vicisitudes que estamos transitando, el problema se hace más grave», agregó, en declaraciones difundidas por el portal Sur54.com.
En esa línea, precisó además, que en caso de que la ley prospere, los cargos electivos en cuestión deberán caducar un mes antes.
Recientemente, el gobierno de Cóccaro fue auxiliado por la Secretaría de Hacienda nacional con un adelanto financiero de 35 millones de pesos, que en los hechos funciona sólo como paliativo. Días antes, el mandatario había virtualmente acusado al gobierno nacional de alimentar el grave déficit fueguino con supuestas moras en el envío de fondos.
Mientras tanto, no cesan los embates contra Cóccaro. Por caso, el intendente de Río Grande, el radical Jorge Martín, se mostró a favor de que el mandatario sea sometido a un juicio de residencia por supuestas irregularidades en su gestión. En los últimos días, la comisión investigadora de la Legislatura emitió dos dictámenes en los cuales, aunque con matices, desaconseja el inicio de un juicio político al mandatario saliente.
En este delicado marco, la isla se prepara para enfrentar las elecciones del 28 de octubre, donde los fueguinos deberán definir el recambio de tres senadores nacionales y de tres diputados nacionales.
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