16 de enero 2007 - 00:00
Aplica Solá polémico revalúo inmobiliario de hasta 100 por ciento
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El subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, señaló al respecto a este diario que «de todos modos la valuación fiscal de la provincia sigue estando 30% por debajo de la de mercado».
Lo que sucede es que la mayor parte de las transacciones que se realizan en territorio bonaerense toman en cuenta el valor que otorga el Estado a las propiedades, para así poder pagar menos impuestos.
«Alrededor de 90 por ciento de las compras y ventas pagan Sellos en relación al valor fiscal», reconocieron ayer fuentes del gobierno provincial.
Si bien el gobierno bonaerense indica que el revalúo genera una suba de 60% en el valor fiscal, propietarios que se comunicaron con este diario aseguran que las subas llegan a 100% y hasta 250%. En 2006, Buenos Aires recaudó en concepto de sellos, $ 882,058 millones. El caso bonaerense es diferente al de la Ciudad de Buenos Aires, donde las transacciones están más cerca a las del valor de mercado.
En este distrito, el Impuesto a los Sellos se cobra a partir de compraventa de propiedades desde $ 360 mil, luego de que este año se bajara la base mínima que se encontraba en $ 600 mil. A su vez, los alquileres comerciales comenzaron a pagar una alícuota diferencial de 0,5% sobre el monto anual de la operación.
Estos cambios se aplican desde el último jueves, en base al Código Fiscal que aprobó la Legislatura porteña a fines de 2006.
En materia de presión fiscal sobre transacciones inmobiliarias, ya sobre fin del año pasado, la AFIP conducida por Alberto Abad anunció la creación de un registro nacional de inmobiliarias, para detectar casos de evasión y subvaluación en las transferencias. Este empadronamiento será del 1 de febrero al 16 de marzo. «Queremos que los escribanos cobren en función del valor de la escritura», dijo entonces Abad.
Los cambios impuestos sobre las transacciones inmobiliarias llegan en Buenos Aires en paralelo al freno político que sufrió en la Legislatura la avanzada de Solá por crear un impuesto a la «riqueza».
Este tributo está previsto a partir de 2010 y hasta entonces el gobierno preveía cobrar alícuotas extra en Inmobiliario Urbano, Automotor y Activos Financieros cuando la suma de estas propiedades fuera superior a los $ 500 mil. La expectativa era recaudar unos $ 300 millones anuales con este proyecto trunco.




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