Buenos Aires quiere crear una Justicia penal para menores

La iniciativa complementa la ley de minoridad sancionada el año pasado, pero actualmente suspendida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense tras un planteo de inconstitucionalidad realizado por la Procuración General.
De acuerdo con el proyecto ingresado en el Senado, la Justicia Penal de la Niñez quedará conformada por las actuales cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal; los Tribunales Penales del Niño, que sólo juzgarán causas graves; los Juzgados Penales del Niño; los Juzgados de Garantías del Niño, y el Ministerio Público del Niño.
Durante la investigación preliminar, «en ningún caso» el niño será interrogado por policías, prohibiéndose, además, a los organismos administrativos con funciones de policía llevar antecedentes sobre los delitos atribuidos a los menores.
La norma establece que la prisión preventiva no podrá exceder de 90 días, prorrogables por otros 90 días más.
Los Tribunales Penales del Niño estarán integrados por tres jueces penales del fuero y tendrán competencia en delitos graves como homicidios, abusos sexuales, privaciones ilegítimas de la libertad y secuestros; en el resto de los delitos intervendrá el juez Penal del Niño.
La iniciativa limita, además, la prerrogativa de los jueces para disponer la internación de menores de 16 años, es decir inimputables. El proyecto oficial dispone que los jueces de Garantías del Niño que deban ordenar la internación en institutos de minoridad sólo podrán hacerlo, en esos casos, «para causas de extrema gravedad» y sólo en «especialísimas circunstancias» por un plazo de hasta 90 días.
En caso de que existan «hechos nuevos que lo ameriten», ese plazo podrá extenderse.
Define las «reglas de debido proceso» como la oralidad de las audiencias bajo pena de nulidad, el derecho de los niños a ser oídos, que se tenga en cuenta su palabra, el carácter reservado del proceso y la prohibición de difusión de la identidad de los menores sujetos a actuaciones administrativas o judiciales.
El proyecto busca complementar la Ley de Protección Integral del Niño para poner en funcionamiento un fuero específico en el que los menores cuenten con todas las garantías procesales que tienen los adultos ante un proceso penal.
«Se les reconocen a los niños los mismos derechos, deberes y garantías que a los adultos, y por su particular condición de ser personas en desarrollo, se les conceden derechos y garantías especiales, asegurando su privacidad y la de su familia, su identidad, dignidad y desarrollo integral», explicó la subsecretaria de Minoridad bonaerense, Cristina Tabolaro.
 Fortalecimiento
Agregó que el proyecto «contribuye a fortalecer el nuevo sistema integral de protección de los derechos de los niños, diseñando una estructura judicial específica y las correspondientes normas procesales aplicables a los conflictos jurídicos civiles, de familia y penales».
Para Tabolaro, «uno de los pilares del nuevo sistema de promoción y protección de los derechos del niño es el de dotar al Estado provincial de una nueva mirada y en consecuencia de una nueva forma de intervenir y de dar respuesta a la diversa problemática social que incide en las familias».
En tanto, para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Adela Segarra, el proyecto enviado por el gobierno «es la garantía para destrabar la suspendida ley de minoridad».
«Se trata de empezar a pensar un dispositivo integral de protección de los derechos de niños y jóvenes», sostuvo la legisladora.
Explicó que la norma «no sólo busca penalizar la infracción contra la ley, sino repensar políticas de Estado que den un marco de contención a los problemas de esta franja etaria tan vulnerada».
La legisladora aseguró que la iniciativa comenzará a ser debatida en las comisiones del Senado en los próximos días y detalló que el objetivo «es lograr la unanimidad para su sanción».
La sanción de la norma posibilitará derogar la denominada Ley de Patronato, de la última dictadura militar, que cobró vigencia nuevamente el año pasado tras un planteo de la Procuración a la Suprema Corte.
Es que tras ese planteo, el máximo tribunal provincial suspendió la aplicación de la Ley de Protección a la Infancia hasta tanto el Poder Ejecutivo «garantice el funcionamiento de los organismos y recursos técnicos y materiales previstos en la norma».
El gobierno invertirá más de 21 millones de pesos por año para poner en marcha el nuevo sistema judicial que comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2007.
Con esos fondos, se crearán 30 juzgados de Garantías, 29 juzgados penales, y se incorporarán 40 agentes fiscales y otros 40 defensores especializados, además de que cada departamento judicial contará con un cuerpo técnico auxiliar que asistirá profesional y exclusivamente tanto a los juzgados como al Ministerio Público.