Si bien la propuesta tardará un tiempo en hacerse oficial, ya circula por los despachos de varios ministros de Hacienda de provincias, generando dispar aceptación. Por lo pronto, en el nivel general, Nación promete que estará asegurado que en los próximos años los distritos no recibirán menos dinero que el que entró en sus arcas en 2003, es decir, $ 19.000 millones.
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Entre los «conformes» resalta la postura del gobernador bonaerense Felipe Solá, que destacó que «este año en Buenos Aires incrementamos el nivel de recaudación en 80% en algunos tributos, y según sabemos, el nuevo proyecto premia este tipo de eficiencia. Es evidente que con las nuevas reglas, que tienen en cuenta la cantidad de habitantes, vamos a salir beneficiados».
Similar opinión tiene el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, que sostiene que su provincia «califica muy bien en el nuevo diseño del ministro (Roberto) Lavagna, así que creemos que este esquema será justo con Santa Fe». Por su parte, el diputado nacional por Santa Fe, Oscar Lamberto, de mucha influencia en el tema, destacó la necesidad de «transparentar la coparticipación secundaria» y puso como ejemplo que si bien Buenos Aires reclama mayor coparticipación en relación con lo que genera, «es una de las principales beneficiadas con la ayuda de los planes Jefas y Jefes de Hogar».
La creación de una nueva ley de coparticipación es uno de los pedidos contenidos en la carta de intención firmada el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El borrador generado ahora por Nación determina que los ingresos se repartirán entre las provincias, tomando en cuenta cantidad de habitantes, Producto Bruto Interno, ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas y efectividad en la recaudación.
Asimismo, el proyecto también contendría un «blanqueo» de lo que se denomina «coparticipación secundaria», y que se refiere a los fondos que reciben las distintas provincias vía subsidios a la producción, o directamente por planes de empleo.
Además, el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) funcionaría como base para hacer más eficiente el sistema, en vista de que será suscripto por la mayoría de las provincias: fija un tope a su endeudamiento y las inhibe de emitir cuasi monedas como las que circularon hasta este año.
Aun así, Economía todavía no dio a conocer cuál será la ponderación que les dará a cada uno de los nuevos indicadores que se mencionan. De esto se nutre el temor de las provincias chicas que, al tener menos habitantes y un PBI más bajo, creen que podrían resultar perjudicadas frente a los distritos grandes. Ante este panorama, varios distritos en esta situación ya manifestaron a Ambito Nacional que pelearán (el Senado nacional será el principal centro de discusión) para no perder dinero en el reparto.
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