Bajo esta modalidad (8 civiles y 3 jueces), la ley que impulsó José Manuel de la Sota contempla juzgar delitos de robo, violación y secuestro seguidos de muerte, además de los denominados delitos «de guante blanco».
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Durante esa jornada, a las 11, se realizará un sorteo público e informático para seleccionar a varones y mujeres de entre 25 y 65 años, que residan en algunas de las 10 circunscripciones que conforman el mapa judicial de la provincia.
El Tribunal Superior de Justicia será el encargado de convocar a los sorteados, quienes en forma automática quedarán a disposición del Estado.
En una segunda selección, las autoridades del Tribunal determinarán si los candidatos cumplen con los requisitos exigidos. Cabe recordar que la Ley N° 9.182 que impuso el juicio por jurados estableció como condición poseer estudios completos hasta el tercer año del secundario y no cargar con imputaciones, condenas o inhabilitaciones por concursos o quiebras.
Del sorteo quedarán exceptuados los abogados y los escribanos, los funcionarios públicos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las autoridades partidarias y religiosas de todos los cultos.Una vez designado y cuando sea convocado, cada integrante del jurado popular percibirá una remuneración en compensación por días laborales no trabajados, además de una suma por viáticos, montos todavía no determinados.