La Corte Suprema exhortó al gobierno de Gildo Insfrán para que informe en un plazo de tres días si cerró o no los centros de aislamiento cuestionados, qué protocolos siguen las autoridades y le pide al mandatario que el control sanitario sea “con arreglo a los estándares constitucionales”.
Corte exhortó a Insfrán por derechos humanos
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La decisión del máximo tribunal se da en el marco de los innumerables cuestionamientos que viene recibiendo el Gobierno de Formosa por la estrategia sanitaria desplegada por la administración local en el marco de la pandemia de coronavirus.
Hacia fines de enero, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se entrevistó con toda la comunidad y visitó algunos centros de aislamiento en esa provincia para analizar las condiciones de esos espacios.
En noviembre pasado, la Corte había intimado a las autoridades provinciales a habilitar el ingreso de miles de ciudadanos que habían quedado varados por las restricciones del ASPO, que luego fueron alojados en centros de aislamiento.
La intervención de la Corte se da a la espera de que se resuelva un conflicto de competencia entre la justicia federal y la provincial, como consecuencia de un habeas corpus colectivo que presentó el senador Luis Naidenoff por las condiciones de alojamiento.
Por ello, los ministros de la Corte piden saber también “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa respecto
del Estadio Polideportivo Cincuentenario”.
Además, los magistrados requieren información sobre “los protocolos para la protección de derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas
domiciliarias”.
En este contexto, el punto más contundente de la comunicación del máximo tribunal es la decisión de exhortar al gobierno de la provincia de Formosa sobre la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus covid “con arreglo a los estándares
constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos, así como también acerca del deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país, en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.




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