Los productores se mantienen en estado de alerta y movilización, a la espera de las negociaciones con el Gobierno local por la suba de impuestos.
Entre Ríos - Sin acuerdo a la vista, la Mesa de Enlace provincial ratificó ayer el estado de alerta y movilización y pidió una nueva audiencia al Gobierno de Sergio Urribarri para volver a exigir una moderación en la suba del Impuesto Inmobiliario Rural, que este mes registra aumentos -denuncian- de hasta el 600%.
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El pasado lunes, los productores protagonizaron una movilización con tractorazo hacia la sede gubernamental, en Paraná, en consonancia con el primer vencimiento con incremento del tributo.
Allí los dirigentes de las entidades entrerrianas mantuvieron un encuentro con funcionarios de Urribarri, en el cual se acordó abrir una mesa técnica de discusión y generar un segundo vencimiento del tributo para el próximo 23.
Sin embargo, la posterior reunión entre técnicos del Ministerio de la Producción y dirigentes ruralistas no permitió arribar a un entendimiento, ya que el enviado oficial remarcó que no hubo errores en el cálculo del avalúo fiscal.
Más allá de los tironeos, según lo informado por el Ejecutivo entrerriano, ya casi 19.000 productores abonaron el tributo con el incremento -de forma «masiva», dijeron- pese al llamado a una virtual rebelión fiscal por parte de las entidades.
La discusión gira en torno al método utilizado para establecer los valores de los campos.
«Hay dos criterios técnicos distintos: los representantes del ministerio plantearon un esquema en función de cómo resulta un valor, sobre la base del último año, mientras nosotros pensamos que se debe calcular en función del promedio de los últimos cinco años, tal como dice la ley», sostuvo el dirigente de la Federación Agraria Argentina local, Alfredo Bel.
«Los dos sectores decimos que estamos amparados por la ley», agregó, en referencia a una norma sancionada en 2009 que fijó una fórmula para calcular el monto a pagar, que entró en vigencia en su totalidad este año, derivando en los incrementos que el agro considera «confiscatorios».
Por de pronto, además del nuevo pedido de audiencia aprobado ayer (al ministro de Gobierno, Adán Bahl), la Mesa de Enlace provincial acordó solicitar reuniones con los bloques legislativos locales para amplificar sus reclamos.
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