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El proceso tuvo su génesis cuando un fabricante de tragamonedas con domicilio en Misiones recurrió al juez federal de esa provincia, Casals, planteando que estaba siendo perjudicado por las normas vigentes en territorio bonaerense.
Esas normas permitían explotar esas máquinas en bingos y casinos -a cambio del pago al Estado de un elevado canon- pero no en las agencias hípicas.
El empresario argumentó que las limitaciones que el Estado bonaerense había dispuesto para la explotación de ese juego afectaba «los intereses económicos de los fabricantes y distribuidores de tragamonedas». Por ese motivo, pidió una medida cautelar en Misiones, a pesar de que, por recursos anteriores de las agencias hípicas, ya se había expedido sobre la misma cuestión la Suprema Corte Bonaerense, que había ordenado cumplir con las normas de la provincia que limitaban la expansión de las tragamonedas.
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