Duro documento de promocionadas

Sin beneficiosLos tres gobernadores -el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá, también adheriría- dicen que «el decreto nacional 1.295 (firmado por Kirchner) el pasado 18 de diciembre, no implica mayor costo fiscal ni beneficio extraordinario alguno que pueda repercutir en el erario público».
En su escrito, los mandatarios de los distritos incluidos en la llamada Acta de Reparación Histórica, señalan que el decreto en cuestión «sólo promueve una extinción ordenada de la Ley 22.021 y sus modificatorias, dando prolijidad a los mecanismos correspondientes» y que «implica, fundamentalmente, evitar que las empresas radicadas en nuestras provincias abandonen sus emprendimientos dejando un tendal de desocupados que agravaría aún más la difícil problemática del desempleo en la Argentina y una catarata de juicios en contra del Estado nacional».
Mientras tanto, el gobernador mendocino Julio Cobos, sigue tejiendo una estrategia para buscar la eliminación de la promoción industrial, bajo la afirmación de que los beneficios en las provincias vecinas afectan la economía de Mendoza.
Para Cobos, el nuevo decreto es un «jeroglífico», según señaló públicamente el lunes y aseguró que pedirá explicaciones personalmente a Kirchner.
En noviembre pasado se suspendió una audiencia que debía producirse para acordar un resarcimiento de $ 600 millones -que quizás ahora se eleve-, la cual quedó programada para el primer trimestre de 2004.