La solicitud fue presentada por el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Busetti, quien explicó que, a su criterio, Buenos Aires «cuenta con otros mecanismos», e hizo referencia a «las normas legales para perseguir el cobro del Impuesto Inmobiliario, que permite intimar y hacer juicio, entre otros mecanismos». Además de Busetti y el defensor ciudadano de La Plata, Luis Malagamba, la nota fue acompañada por entidades de Defensa del Consumidor de Villa Gesell, Lomas de Zamora, San Nicolás, San Isidro y el Foro de Servicios Públicos de La Plata. Busetti adelantó, además, que junto con el defensor ciudadano de La Plata evalúan la posibilidad de radicar un pedido de inconstitucionalidad de la ley ante la Justicia. La polémica norma sancionada el jueves pasado por la Legislatura provincial autoriza al gobierno a incluir en las boletas de luz o gas 25% adicional a cuenta del pago del Impuesto Inmobiliario para las viviendas valuadas en más de $ 180 mil. En esta línea, otro de los artículos reformados permite transformar a las empresas de servicios públicos en virtuales ventanillas de recaudación de impuestos provinciales, vía incorporación a la factura de ese ítem. Embargos Además, la ley habilita, entre otros puntos, a la Dirección Provincial de Rentas a embargar bienes y cuentas de los deudores morosos y a utilizar a empresas de servicios públicos como ente recaudador para el caso de los grandes contribuyentes. La iniciativa, impulsada por Montoya, busca reducir la evasión del impuesto cobrándolo junto con las boletas de gas, luz, agua o teléfono, que los usuarios suelen pagar en término para evitar inconvenientes o cortes en los servicios.
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