Forma parte del proyecto de Presupuesto 2026 y apunta a administrar los recursos que la Provincia logre recuperar por vía judicial o administrativa ante la falta de transferencias de fondos federales. El gobierno de Axel Kicillof acusa a la Nación de incumplir acuerdos y vulnerar el federalismo fiscal.
El proyecto de Presupuesto 2026 ya ingresó a la Legislatura bonaerense.
El proyecto de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, que ingresó hoy formalmente hoy por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados junto con la Ley Impositiva, incorpora la creación del “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional” de 900.000 millones de pesos.
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Se trata de un instrumento contemplado en el artículo 2° de la iniciativa con el que el gobierno de Axel Kicillof busca administrar los recursos que eventualmente ingresen por los reclamos administrativos y judiciales iniciados contra la Nación por la falta de transferencias de fondos federales.
El texto aclara que esos recursos estarán afectados a los fines específicos de las normas que los originaron y su uso quedará supeditado al efectivo ingreso de los fondos.
El Ministerio de Economía bonaerense será la autoridad de aplicación, con facultades para adecuar las partidas de recursos y erogaciones correspondientes. Además, el Gobierno provincial estableció que los gastos financiados con este fondo no integrarán la base de cálculo de los porcentajes fijados por leyes especiales, al tratarse de ingresos contingentes.
Durante la presentación de la denominada “Ley de Leyes” ante legisladores de todos los bloques, el ministro Pablo López recordó ayer que el gobierno de Javier Milei le adeuda casi $13 billones a la Provincia. Detalló que la mitad de ese monto corresponde a obras comprometidas y unos 6 billones a deudas directas que mantiene el Estado nacional con la administración bonaerense.
Pablo López, ministro de Economía bonaerense.
Para justificar la creación del Fondo, la administración provincial subraya la magnitud total del pasivo nacional. Según el gobernador Kicillof, la deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires -la principal jurisdicción del país en términos de población y aporte al PBI- supera los $12,9 billones de pesos.
Ese monto se desglosa en tres ejes principales: deudas corrientes (montos de transferencias directas suprimidas, como el FONID o el FOFOFI); obras comprometidas (saldos impagos por la paralización de proyectos de infraestructura con financiamiento federal) y programas interrumpidos (estimaciones financieras derivadas de la suspensión o retraso de programas nacionales esenciales).
La vía judicial se convirtió en el principal instrumento de la Provincia para intentar revertir esta situación, con múltiples acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el propio Kicillof reconoció la semana pasada su escepticismo sobre la posibilidad de obtener un fallo favorable en el corto plazo en declaraciones a Radio 10.
"La Provincia debió demandar a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque las expectativas de un fallo que nos favorezca son casi nulas, la razón jurídica nos asiste. El propio Máximo Tribunal, en casos idénticos a los de Buenos Aires, ya ha fallado a favor de otras jurisdicciones. Nosotros tenemos la razón, nos sustrajeron fondos y esto es de público conocimiento”, dijo.
En los fundamentos del proyecto, la administración bonaerense acusa al Gobierno nacional de llevar adelante “un atropello del federalismo sin precedentes”, al interrumpir transferencias automáticas y no automáticas que -según el texto- “por derecho le corresponden” a la provincia.
El documento sostiene que la falta de envío de recursos constituye una “vulneración de los principios de federalismo fiscal, equidad y solidaridad interjurisdiccional”, y que esa situación “priva a la Provincia de los recursos indispensables para garantizar servicios públicos esenciales”.
Entre los reclamos formales y judiciales que sostiene la Provincia se destacan:
Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI): demanda presentada tras la derogación del decreto que lo creó. La Provincia reclama más de $88.800 millones en concepto de meses impagos.
Fondo Compensador del Transporte Público del Interior: acción declarativa ante la Corte (causa CSJ 606/2024) por más de $5.000 millones no transferidos.
Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): reclamo judicial por más de $42.000 millones, con pedido de medida cautelar para restablecer las transferencias.
Deudas de la ANSES: acción declarativa (causa CSJ 661/2024) por más de $681.000 millones vinculados al déficit previsional no compensado.
Boleto Integrado de Transporte: demanda (CSJ 1748/2024) para garantizar la continuidad de los subsidios al transporte público bonaerense.
Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE): reclamo por más de $270 millones no transferidos.
Además, ante el Ministerio de Economía nacional formuló un reclamo formal por las Compensaciones del Consenso Fiscal 2017. La solicitud se formalizó el 14 de febrero de 2024 por $1,02 billones, además de $76.180 millones correspondientes al convenio complementario de julio de 2023.
Paralelamente, el Ejecutivo bonaerense señala que continúa pendiente el envío de fondos nacionales para obras públicas, gestión educativa, insumos médicos y programas sociales.
El mantenimiento de las rutas nacionales es uno de los principales reclamos de las provincias a Nación.
El texto del proyecto de Presupuesto advierte que el “accionar intempestivo y unilateral del Estado nacional” generó una “merma inadmisible” en la asignación de recursos que afectan de manera directa la capacidad de la Provincia para sostener prestaciones básicas y políticas públicas esenciales.
En ese marco, la creación del Fondo de Recupero de Deudas busca centralizar los ingresos que eventualmente se obtengan por estos reclamos y destinarlos al financiamiento de servicios afectados por la falta de transferencias.
“El incumplimiento sostenido por parte del Estado nacional configura un avasallamiento sobre la autonomía financiera y política de la Provincia, consolidando una situación de discriminación estructural que se traduce en un daño institucional y social de magnitud”, concluye el texto.
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