Fuerte malestar de empresarios

Escribe Hugo Morales

Neuquén - Las empresas petroleras no incrementarán sus inversiones, en la búsqueda de nuevos yacimientos de crudo o de gas, si el gobierno mantiene su política de aplicar un precio tope para el mercado interno que lo descoloca sustancialmente con las tarifas internacionales. Actualmente el barril de petróleo se paga en la Argentina u$s 42 contra los u$s 133,17 que cerró ayer en Nueva York, mientras que las proyecciones que realiza el sector lo ubican en los u$s 200 hacia fin de año. La decisión podría provocar desabastecimiento de combustibles porque la producción petrolera tiende a disminuir mientras aumenta significativamente el consumo de derivados, fundamentalmente naftas, gasoil y fueloil.
Esta conclusión la pronunció el ejecutivo Oscar Vicente, presidente de la empresa Tres Lomas, vinculada a la brasileña Petrobras y a la norteamericana Apache; presidente del Club de Petróleo que nuclea a las grandes operadoras y secretario de la Cámara de Productores y Operadores de Petróleo y Gas, al término de un seminario de ejecutivos y técnicos de empresas nucleadas en el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG). En su exposición, Vicente formuló un crudo diagnóstico sobre la situación petrolera y gasífera en la Argentina y su mejoramiento lo condicionó directamente con el precio. Luego lo repitió ante los periodistas.
Pese a ello, aclaró que la industria no está pidiendo una liberalización de los precios, para equiparlos con los del mercado internacional, sino que se lo desmovilice y se lo haga variar, en 60 por ciento, de acuerdo al sube o baja de las cotizaciones en el exterior. «Caso contrario, las empresas no incrementarán sus inversiones y el resultado puede ser muy preocupante ya que la curva de la producción local viene descendiendo y la del consumo aumenta. Cuando esas dos líneas se crucen, van a faltar combustibles por lo que habrá que importarlos a valores del exterior», sostuvo Vicente. Hoy la Argentina ya importa gasoil.
Para las provincias productoras -la mayoría ubicadas en La Patagonia- la situación puede tornarse sumamente crítica porque la desinversión petrolera y gasífera provocará la caída de empleos directos e indirectos. Sólo en Neuquén hay unos 16.000 trabajadores y giran comercialmente unas 400 empresas de servicios que facturan mensualmente arriba de los 100.000 dólares. Pero también la menor producción resiente los ingresos genuinos por regalías de petróleo y gas, que es su principal fuente de recursos. Estos ingresos les permiten a los gobernadores patagónicos atender una creciente demanda social que -en algunos lugares- se torna crítica por la dependencia directa de la ayuda estatal que tienen importantes franjas de la población que se encuentran en un estado de extrema pobreza.
Consciente de esta situación, hace unas semanas, el gobernador neuquino Jorge Sapag reclamó un mejor precio para el gas de arenas compactas «tight gas» y el petróleo que se extrae desde su territorio debido a un reconocimiento de su mejor calidad (tipo Escalante). Por el fluido pidió entre 4/6 dólares el millón de BTU -internamente se reconoce u$s 1,30 mientras que a Bolivia se le pagan u$s 6,7- y por el crudo unos u$s 49 dólares por WTI (barril), o sea unos 7 dólares más, del precio actual, que la secretaría de Energía de la Nación le reconoce a las petroleras. De ese total, las provincias reciben 12 %, pero que en la práctica al tener el precio congelado se reduce a 4 %.