Gobiernos buscan paliar el recorte de Cristina

Pese a los aires inaugurales que el oficialismo intenta atribuir a Cristina de Kirchner, su gobierno no se despega de la huella marcada por administraciones anteriores, sosteniendo un aumento constante de las obligaciones económicas que recaen sobre las provincias. En esta línea leen en el interior el veto aplicado por la Presidente sobre los fondos por $ 192 millones que el Presupuesto 2008 preveía destinar diversos puntos del país.
Tras tibias quejas -sólo vertidas en el fuero interno, para no contradecir los designios de la Casa Rosada-, los gobernadores oficialistas ensayan alternativas para solucionar el problema que genera este freno al dinero y las obras que les fueron prometidos. En cada caso implica salidas diferentes, pero el camino conduce indefectiblemente a financiar con fondos propios o a buscar el beneficio de ayuda federal, pero a costa de una nueva negociación, ya fuera del Presupuesto 2008, que implicará tironeo político en el marco del fuerte dominio que ejerce el poder central sobre sus pares subnacionales.
En Misiones, trascendió que el gobernador kirchnerista Maurice Closs no descarta hacerse cargo de las obras de energía que fueron sacadas del Presupuesto y tenían como meta mejorar y ampliar la potencia energética regional a razón de $ 50 millones.
Así lo hicieron saber fuentes de EMSA, que confirmaron que recibieron directivas de Closs para avanzar en la concreción de las obras afectadas: la Estación Transformadora provisoria de 132/33/13,2 kilovatios de Aristóbulo del Valle, el incremento de potencia de la Estación Iguazú y el abastecimiento a las 600 hectáreas, la línea de interconexión provincial de 123 kilovatios (Apóstoles-Virasoro) y la adecuación de la Estación Transformadora 132/33/13,2 kilovatios de Apóstoles, según informó el portal Misiones Online.
En paralelo a esta orden de Closs, trascendió en la provincia que Kirchner podría «rever la medida y convocar a una reunión al gobierno provincial para analizar el financiamiento para las obras en virtud de la necesidad de la región». Aun así, legisladores norteños no acuerdan con esta posibilidad, ya que dan por cerrada la opción de un financiamiento tal como se estipulaba en el Presupuesto 2008. En todo caso, se tratará de nuevas y arduas negociaciones para obtener un dinero ya estaba previsto erogar, pero fue eliminado súbitamente y con aval de un Congreso que alberga a los representantes de las provincias afectadas.
En Salta se da un caso similar al de Misiones, aunque por un monto aún mayor. Son $ 81 millones que debían destinarse a conectar a Tartagal y Orán, distritos del empobrecido norte provincial, con la línea de Alta Tensión NOA-NEA que financia el BID. Confirmado el veto presidencial, el gobernador Juan Manuel Urtubey aún no hizo manifestaciones públicas, pero desde el Ejecutivo informaron que el tema tendrá tratamiento prioritario en la reunión de gabinete de hoy por la mañana. En paralelo, el diputado nacional Marcelo López Arias asegura que negociará para incluir la obra nuevamente en el plan de gastos federal. La estrategia para avanzar en esta última vía serían los poderes especiales que utiliza arbitrariamente la Jefatura de Gabinete conducida por Alberto Fernández.
Otros distritos afectados son Jujuy, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, La Pampa y Buenos Aires, todos perjudicados por los decretos 152 y 153 -aprobados el miércoles por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo- que anulan asignaciones de recursos por un total de $ 192 millones.
 Aprietos
En Mendoza, la decisión presidencial puso en aprietos al gobernador justicialista Celso Jaque, que pierde el prometido financiamiento federal para combatir la inseguridad. Se suponía que la provincia iba a recibir buena parte del fondo de $ 40 millones previsto en el proyecto original del Presupuesto.
Las promesas sobre políticas de seguridad fueron uno de los ejes que garantizaron el triunfo electoral de Jaque en octubre. El mandatario kirchnerista no desea defraudar y desde la noche del miércoles se encuentra en Buenos Aires, y afirma que negocia para destrabar la llegada del dinero que Cristina le habría prometido luego de su triunfo.