La arenga piquetera había comenzado cerca del mediodía en pleno centro porteño. Allí, sobre Diagonal Norte, un centenar de manifestantes se atrincheró en la casa de la provincia. En sintonía, otro grupo marchaba por las calles de la localidad salteña de Tartagal desafiando la resistencia de vecinos y comerciantes, molestos por el accionar violento.
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Los piqueteros se habían concentrado antes en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y luego se movilizaron hacia la Casa de Salta, donde permanecieron hatas anoche instalados en el hall en reclamo de una respuesta por parte del gobierno nacional. Pero como ese no era el lugar donde podrían hallar una contestación, poco después de las 20.30 abandonaron el edificio. Los manifestantes exigen una respuesta de parte del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, luego de haber intentado gestiones con el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero.
«El ministro Fernández y Parrilli se habían comprometido a liberar a los detenidos antes del 29 de diciembre y no ocurrió», aseguró José Villalba, dirigente del Frente de Trabajadores Desocupados y Ocupados. Participaban también las agrupaciones MTD 26 de Junio, Unión de Trabajadores Desocupados, Ocupados y Changarines, y Unión de Trabajadores Piqueteros.
En tanto, en Tartagal, otro centenar de manifestantes liderados por los agitadores locales José «Pepino» Fernández y José «Pepe» Barraza -los mismos que encabezaron los ataques contra las instalaciones en noviembre último- se movilizaba con el mismo propósito. Pero la participación de Fernández y Barraza alertó a las autoridades locales y acrecentó el clima de tensión frente a las plantas de almacenaje, donde personal de Gendarmería permanecía apostado para evitar que se repita la acción del año pasado.
Las detenciones de los nueve piqueteros se produjeron a fines de noviembre último, luego de dos semanas de bloqueos a petroleras en las localidades de Mosconi y Aguaray, en reclamo del pago de indemnizaciones para ex trabajadores de YPF en el marco del Programa de Participación Dividida, lanzado cuando se privatizó la empresa.
La reacción de los activistas fue una de las más violentas que se recuerden. Causando pérdidas estimadas en un millón de dólares, arrasaron con las oficinas de las empresas petroleras, que merced a los daños sufridos trasladaron sus administraciones; incluso analizaban aún la posibilidad de retirarse de la provincia. Una consecuencia penosa para la economía regional.
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