Jorge Colazo, más cerca de suspensión definitiva

De este modo, se estarían alcanzando los dos tercios de los votos (6 sobre 9) que, según la Constitución fueguina, se requieren para destituir al titular del Ejecutivo.Dos causas habilitaron en setiembre el pedido de juicio político contra Colazo (en abril se había gestionado otro, que no prosperó). La primera causa involucra la supuesta retención indebida de fondos de la coparticipación federal de impuestos a favor del municipio de Río Grande, por la que la Sala Acusadora solicitó inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de 4 años. La segunda causa, se abrió por eventuales irregularidades en la ejecución de partidas del Presupuesto 2004. En este caso, la Sala Acusadora dejó a consideración de la Juzgadora definir el período de inhabilitación solicitado.
El gobernador Colazo fue suspendido en su cargo en forma interina, por 60 días, mientras se sustancia el juicio político, y reemplazado en el cargo por el vicegobernador y titular de la Legislatura, Hugo Cóccaro.
Pero la sentencia de la Sala Juzgadora sería apenas un escalón más en el controvertido escenario político-institucional de la isla. De hecho, cobra fuerza la hipótesis de una posible intervención federal de la provincia, que se estaría «negociando» desde las filas del propio PJ. Cabe recordar que la fórmula Colazo (UCR)-Cóccaro (PJ) llegó al poder de la mano del Frente de Unidad Popular, una coalición que consiguió neutralizar al por entonces gobernador Carlos Manfredotti.
Una vez en el poder, las diferencias entre Colazo y Cóccaro se acentuaron al punto de generar una ruptura institucional. Además, Colazo se pasó de la UCR al kirchnerista Frente para la Victoria; y Cóccaro se sumó al Partido de Unión y Libertad, que formó el ex gobernador Adolfo Rodríguez Sáa. Así, acumuló Cóccaro la oposición de los senadores nacionales Rosana Bertone (aliada K, que renueva banca), Mabel Caparrós (además, presidente del PJ provincial) y Mario Daniele, quienes ahora estarían «gestionando» con sus padrinos políticos, Alberto y Aníbal Fernández (ministro del Interior y jefe de Gabinete, respectivamente) una eventual intervención. El dato no es menor, ya que debe contar con el respaldo del Congreso nacional.