La Justicia define esta semana puja por tarifazo eléctrico

Mientras el Gobierno apeló el fallo que prohíbe cortar el suministro de luz por no pagar aumentos, los reclamos de usuarios se multiplican en el interior. El ombudsman nacional insiste en que se suspendan las subas.

Esta semana arrancará de lleno la puja judicial por el tarifazo energético, en medio de la polémica entre las denuncias de los usuarios por una «suba ilegal y desproporcionada» y la posición del Gobierno, que insiste con que solamente quitó subsidios a los de mayor poder adquisitivo para generar «equidad».
La feria judicial terminó el último viernes y todos los órganos de ese poder regresan a las actividades hoy, por lo que varios expedientes esperan su turno en medio del cruce.
Por un lado estarán los usuarios con el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, a la cabeza, quien no dudó en arremeter contra el Estado. Por el otro se encontrará el Gobierno, que en los últimos días apeló un fallo que prohíbe cortar el suministro a quienes no paguen los aumentos.
Los vecinos sostienen que las subas, que en algunos casos excedieron el 400 por ciento, son «ilegales» y piden al Gobierno que derogue el tarifazo y revea la situación.
Pero el ministro de Planificación, Julio De Vido, dejó en claro que en la Casa Rosada confían en que «rápidamente» la Justicia va a tomar cartas en el asunto y va a hallar «razonabilidad» en el planteo oficial.
El argumento principal del titular de Planificación se funda en que es facultad propia del Poder Ejecutivo otorgar o retirar subsidios.
Mientras esto ocurre en el plano nacional, en las provincias la situación tiende a complicarse todavía más. A las quejas y protestas reiteradas de usuarios por aumentos que llegan al 1.000%, se suma ahora una avanzada regional para lograr desactivar la medida. Así, empresarios y productores solicitarán al Gobierno nacional una tarifa energética especial para el Nordeste. Se trata de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes, y las cámaras económicas de Formosa y Misiones.
Argumentan que la merma en los niveles de venta, sumada al aumento en los costos de agua y energía eléctrica, generó durante el primer mes de 2009 importantes pérdidas en los sectores de la economía local.
En simultáneo, la polémica volverá a encenderse en la provincia presidencial. Según se supo este fin de semana, las tarifas de energía volverán a sufrir un nuevo retoque, que rondará el 8%.
El Estado redujo considerablemente los subsidios que destina para la compra de combustibles líquidos para la generación de energía eléctrica, por los cuales las empresas mantenían las tarifas bajas a los usuarios.
«Desde 2002, los sucesivos aumentos en el costo de la energía eléctrica no se habían trasladado a las tarifas», señaló el Gobierno tras su apelación a la Justicia.
Por otra parte, en los últimos días, la Secretaría de Defensa al Consumidor -que depende del Estado- profundizó la polémica al solicitar una medida cautelar para que EDENOR, una de las tres empresas involucradas, no cobre aumentos y emita nuevas facturas.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), indicó a las distribuidoras EDENOR, EDESUR y Edelap que deberán seguir con la excepción del cobro del incremento tarifario a los usuarios residenciales que carezcan de servicio de agua potable o gas natural en red y a los «electrodependientes».
Además, les notificó que para los usuarios que estén exceptuados de ese incremento y que lo hayan pagado en la última factura, «se tomará la diferencia abonada como débito a su favor a reintegrarse en las próximas boletas de electricidad».
Según un fallo de la jueza Alicia García de Negre, por el suministro de energía eléctrica no podrá ser cortado por el momento por las distribuidoras a quienes no paguen facturas.
Esa sentencia de primera instancia llegó gracias a una solicitud del ombudsman, quien había hecho una presentación judicial ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 9 por los valores tarifarios que consideró «irracionales, arbitrarios y manifiestamente ilegales».
Pero, tres días después, el Gobierno apeló ese fallo y ratificó que no aplicó ningún aumento, sino que solamente «eliminó el subsidio para usuarios de grandes consumos».
Ninguna de las partes muestra indicios de ceder en su postura, y será la Justicia quien deberá avanzar en la causa.