Las provincias grandes inician 2004 sin ley de emergencia económica

Se abre así un nuevo panorama para estos gobiernos, que ahora dejarán de contar con un paraguas protector que habilitaba recortes salariales, reformulación de contratos y postergación de los pagos de juicios contra el Estado, entre otras medidas.
La caída de la emergencia económica en las tres economías más grandes del país refleja de algún modo la existencia de un marco de mayor confianza y previsibilidad para que los gobiernos se animen a quitarse esta suerte de escudo y se encaminen a normalizar su funcionamiento.
Sin embargo, esta situación no es extensiva a todos los distritos del país, ya que algunos aún mantienen vigente la emergencia, como es el caso de Catamarca, donde el gobernador Eduardo Brizuela del Moral ratificó tras su primera reunión de gabinete que «sigue en vigencia la emergencia financiera en la provincia, razón por la cual no habrá aumentos salariales para agentes de la administración pública».
Con un Presupuesto 2004 ya aprobado en la Legislatura, que incluye una expectativa superavitaria de más de $ 450 millones, el gobernador bonaerense Felipe Solá sigue buscando reforzar su administración, inyectando ahora una buena dosis de confianza con la eliminación de la emergencia económica.

•Crisis

Los fundamentos esgrimidos por Solá y su gabinete indican que ya está cercada la crisis que obligó a mediados de 2001 -durante la gobernación de Carlos Ruckauf-a declarar la emergencia, contemplando conjuntamente la emisión de los bonos patacones, que ahora están eliminados casi por completo, para el pago de todas las obligaciones estatales. En ese entonces, el gobierno bonaerense desdobló el pago de sueldos y abonó en tres cuotas el aguinaldo.
Con la caída de la emergencia, habrá cambios en los haberes de los empleados públicos que ganan más de $ 1.200 y dejarán de sufrir recortes en sus haberes. En lo que respecta a funcionarios de rango político, volverán a cobrar sus aguinaldos a partir de junio de este año. Por su parte, aquellos que ganan menos de $ 1.200, es decir, 75 por ciento de la plantilla de 400 estatales, comenzarán a percibir un aumento «escalonado y gradual».
El fin de la emergencia también significará que el pago a proveedores se haga al día y en pesos; en tanto que se habilitará el pago de todos aquellos juicios que fueron ganados al Estado provincial.
Existe, sin embargo, una salvedad en el nivel municipal, ya que a partir de este año los Concejos Deliberantes estarán habilitados a declarar la emergencia económica dentro de su distrito y, según fuentes gubernamentales, se espera que al menos unas cinco comunas grandes del conurbano apelen a esta alternativa en el transcurso de este mes.
En el caso de Córboba, el gobernador José Manuel de la Sota se encargó de difundir el fin de la emergencia económica y financiera provincial como una de las buenas nuevas para este 2004.
El mandatario mediterráneo informó así que no pedirá la prórroga de la Ley de Emergencia, que estuvo vigente en la provincia desde enero de 2002. Para De la Sota se trata de una señal de «seriedad» hacia los proveedores, que podrán reclamar en efectivo o hasta ejecutar bienes para la consolidación de sus acreencias.
Hasta ayer, la emergencia permitió al Ejecutivo cordobés suspender las ejecuciones judiciales contra el Estado, así como pagar a 16 años de plazo los montos reclamados por vía judicial. Sobre este último punto, el gobernador se encargó de descartar que pueda generarse un masivo pedido de juicios contra la provincia, y afirmó que la situación está controlada y que no hay deudas pendientes.
Finalmente, el gobierno de Santa Fe también comenzará 2004 sin el respaldo de una emergencia económica. El gobernador Jorge Obeid ya había ratificado esta semana su decisión de no prorrogar la ley aprobada en el último tramo de su anterior gobierno, en 1999, y que acompañó toda la gestión de Carlos Reutemann.

•Derogación

Cabe recordar que en julio pasado Reutemann ya había derogado aquellos artículos que instrumentaban la emergencia previsional, permitiendo que los empleados públicos que ganan más de $ 700, y los jubilados de la provincia con haberes superiores a $ 500, dejen de sufrir recortes -de 2,5% a 5% y de 3,5% a 14,5%, respectivamente-y perciban, a su vez, una compensación que se otorgó a los trabajadores que no superaban esas sumas. A nivel general, desde ahora también se descongelan los sistemas de premios y adicionales, tales como la antigüedad.
A su vez, dejarán de tener vigencia aquellos mecanismos que autorizaban al Ejecutivo santafesino a reprogramar contratos de obra pública y de bienes y servicios sin pagar indemnización; así como postergar el pago de sentencias judiciales previsionales y la inembargabilidad de bienes estatales.