«Antes de sancionar el proyecto, vamos a hacer consultas con el Ministerio de Justicia, lo vamos a analizar y seguramente va a haber modificaciones», confirmó ayer el diputado oficialista Raúl Pérez (FpV).
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Desde la cartera de Justicia, que conduce Eduardo Di Rocco, en tanto, volvieron a aclarar que «no se trata de un proyecto del Ejecutivo» y que de hecho el gobierno de Felipe Solá «no está para nada de acuerdo con esta extensión de la probation», según manifestaron ayer a Ambito Nacional.
La polémica se da luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense declarara la semana pasada la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal que agravaba el cómputo de la prisión preventiva en casos de condena a reclusión. La decisión se tomó en el marco de una masiva huelga de presos en reclamo de la aceleración de los procesos judiciales.
Paralelo
La intención del Ministerio de Justicia apunta a que la legislación provincial se empareje con la nacional, planteando la «dudosa constitucionalidad» del proyecto que aprobó el Senado y fue generado por la legisladora justicialista Mónica Litza. De hecho, Di Rocco subraya que para delitos de más de tres años, la probation ya se está aplicando en la provincia. Se trata de los casos en que la pena en expectativa que pedirían los fiscales es menor a tres años.
El legislador Pérez agregó que el texto que sancionó velozmente el jueves a la noche el Senado «no se discutió con la Cámara de Diputados, por lo que no conocemos el detalle del contenido» de la iniciativa.
Conocida la opinión de Di Rocco, los diputados optarán por la cautela. «Vamos a escuchar al ministro de Justicia antes de emitir opinión», señaló Pérez, quien además precisó que la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia se realizará este miércoles.
Problemas
Pérez mencionó las dificultades que atraviesa la provincia por problemas « estructurales» y planteó que a partir de la recuperación de «los niveles de recaudación, se debe avanzar en una mayor fiscalización de la Suprema Corte para darle herramientas y ejerza la vigilancia de los juzgados».
El proyecto de ley de Litza establece que los que cometan delitos que además de la condena a prisión prevean inhabilitación, tales como los accidentes de tránsito, podrán acceder a la probation, un sistema que permite sustituir la pena por tareas comunitarias, según un proyecto de ley aprobado en el Senado bonaerense. Los hurtos y el robo simple son delitos que ya estaban incluidos en este beneficio, no así los homicidios o lesiones culposas ocasionadas en accidente de tránsito.
La probation, incorporada al Código Penal en el artículo 76 bis, permite al imputado de un delito, solicitar la suspensión del juicio, siempre que se haga cargo de la reparación del daño que cometió en la medida de lo posible. Este beneficio, además de acortar los plazos judiciales, extingue la acción si el imputado no comete un nuevo delito y, por lo tanto, no le quedará una condena a los efectos de la reincidencia.
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