11 de noviembre 2004 - 00:00
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La ley fiscal deberá comenzar a regir en enero de 2005. Impone límites al gasto y el endeudamiento provincial, y es postulada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, como la única vía por la cual los mandatarios podrán gestionar una renegociación de deuda con el gobierno nacional, así como el acceso a créditos de organismos internacionales. Aun así, h asta el momento sólo han adherido las legislaturas de Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Formosa, en tanto que Misiones avanzó vía decreto.
Más allá de mostrarse alineados con las necesidades del gobierno nacional, como incentivo para destrabar el aval a ley los gobernadores intentan asegurarse algún tipo de asistencia financiera desde la Casa Rosada. Por caso, el gobernador de La Rioja, Angel Maza, envió días atrás el proyecto de adhesión a la Legislatura, horas después de acordar con Kirchner la transferencia a la provincia de fondos adeudados por $ 50 millones.
Asimismo, hay una importante cantidad de provincias
-San Juan, Mendoza y las patagónicas, por caso- que aguardan para adherir terminar de cerrar sus presupuestos y que se publique el decreto nacional de reglamentación de la ley fiscal.
En tanto que, en las antípodas, gobiernos como el del neuquino Jorge Sobisch y el salteño, Juan Carlos Romero, ya han hecho público su rechazo absoluto hacia esta iniciativa federal.
En el caso de Santa Fe, Obeid ya remitió el proyecto, acompañado de un mensaje a la Legislatura en el que remarca que la ley fiscal «contiene un conjunto de disposiciones tendientes a asegurar una administración ordenada y transparente de la gestión pública, que permitan prever el comportamiento fiscal prospectivo y dar a la sociedad la posibilidad de un continuo seguimiento del accionar estatal».
Según se indicó desde la Casa Gris, la decisión del gobernador «se basó en la identificación que expresa la administración provincial con las políticas fiscales de Nación».
El gobernador remarcó que «la intención de adherir reafirma la importancia que el gobierno provincial le asigna al proceso de reforma de la administración financiera provincial y ordenamiento fiscal»; en tanto que aclaró que «la sólida posición que registra la provincia en materia de endeudamiento y el equilibrio que exhiben las cuentas públicas hacen que las disposiciones de la Ley 25.917 no representen en esta materia exigencias adicionales a cumplimentar».
En lo que respecta a las restantes provincias grandes, en Buenos Aires, la administración de Felipe Solá ya adelantó su apoyo a la ley fiscal, manifestando que se trata de «un buen instrumento, que pone sobre papel la realidad de las provincias». Por su parte, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota hará entrar el lunes en la Legislatura el proyecto de ley presupuestaria, para luego impulsar la adhesión.



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