La flamante normativa impone al nuevo fuero la obligatoriedad de determinar detenciones, tanto en lugares públicos como en privados, «como una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible».
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La nueva ley -que reemplaza a la que regía desde el último gobierno militar- otorga además a los adolescentes acusados de cometer delitos las mismas garantías procesales que a los adultos. También crea un nuevo régimen de protección integral de los Derechos del Niño y el Adolescente, en el que desjudicializa las causas asistenciales, que serán transferidas de los jueces de menores a los tribunales de familia. Informate más
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