En el cierre del año, los jefes provinciales ponen la lupa en la administración de recursos. Veto a aumentos salariales y advertencia a gremios por la situación económica.
Provincias avanzan con sus propios planes de control del gasto público.
El concepto de austeridad en las cuentas públicas que Javier Milei utiliza como punta de lanza de su administración no queda únicamente supeditado al Estado nacional, sino que derrama hacia las provincias. En las últimas semanas, distintos gobernadores dieron mensajes en esa dirección, con el objetivo de blindar las arcas locales en la antesala de un año que se anticipa desafiante.
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Mientras el Senado se apresta a discutir este viernes el Presupuesto 2026 -el primero de la era Milei en llegar a esa instancia-, los mandatarios hacen cuentas. Algunos buscan evitar sangrías en las cajas chicas, mientras que otros quieren enviar una señal de esfuerzo compartido a la sociedad.
Lejos de otros fines de año de mayor holgura, el 2026 cierra sin anuncios rimbombantes en los distritos. Hasta el momento, Corrientes fue una de las pocas jurisdicciones que entregará un bono navideño. El mismo será de $500.000 y se dividirá en tres tramos, de acuerdo a lo anunciado por el gobernador Juan Pablo Valdés: $100.000 en diciembre, $200.000 en enero y $200.000 en febrero. Sus beneficiarios serán los trabajadores de la administración pública provincial.
En territorio bonaerense, Axel Kicillof recibió este lunes a representantes de los gremios estatales, docentes y judiciales, entre otros, para anoticiarlos respecto a la situación de las finanzas de la provincia de Buenos Aires. "La Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio", aseguró Kicillof durante el encuentro, donde acusó al Gobierno nacional por la retención de fondos correspondientes al distrito.
Pese al complejo panorama, el mandamás se comprometió a volver a convocar a los sindicatos en enero para avanzar con las negociaciones paritarias. No hubo, en la ocasión, anuncios de aumentos ni de bono de fin de año. A comienzos de mes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a las principales agremiaciones del sector, le había solicitado a la gestión de PBA la "urgente apertura de la paritaria salarial docente".
En la misma sintonía, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que los funcionarios de primera línea de su administración recién percibirán el medio aguinaldo correspondiente a diciembre durante el primer mes del año próximo. Concretamente, el artículo 1° del decreto 2482/25 firmado por Passalacqua refiere a Gobernador y Vicegobernador; Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios; Jefe y Subjefe de la Policía de Misiones; Director y Subdirector del Servicio Penitenciario; Jefes y Coordinadores de Asesores.
También a presidentes, vicepresidentes y miembros de directorios de entes descentralizados y autárquicos; Fiscal de Estado; Autoridades del Tribunal de Cuentas; Contador General y Subcontador de la Provincia; Tesorero General y Subtesorero; Presidente y vocales del Consejo General de Educación. El norteño justificó la medida por la "actual situación financiera del Gobierno Provincial”, que obliga a dictar disposiciones acordes para alcanzar los objetivos planteados.
En espejo, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó un decreto para aumentar el control del gastó público en la provincia. Suárez, exjefe de Gabinete y mano derecha de Gerardo Zamora, llegó al poder el pasado 10 de diciembre y es uno de los nuevos mandatarios en el tablero nacional, junto al correntino Valdés.
La administración santiagueña afirmó que la decisión se enmarca en la disminución sostenida de los recursos provenientes de la coparticipación federal registrada durante el año 2025, situación que afecta a las finanzas provinciales. "A ello se suma el escenario macroeconómico vigente y las políticas económicas nacionales, que inciden en la actividad productiva y en la capacidad de financiamiento de las jurisdicciones", indicaron.
Entre sus principales puntos, la iniciativa establece la prohibición de nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas con fondos nacionales o internacionales, así como la restricción en la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. Asimismo, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya eventual autorización quedará sujeta a la evaluación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
Paralelamente, dispone la prohibición del alquiler de vehículos y maquinarias, la restricción de convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, la centralización y reducción de viáticos priorizando el uso de reuniones virtuales, y límites estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial. Además, se refuerza el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.
En cuanto a la obra pública, establece que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que aún no cuenten con adjudicación o contrato firmado serán evaluadas por el Poder Ejecutivo, garantizando la ejecución de los proyectos vinculados a servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, así como aquellos considerados prioritarios para la Provincia.
El decreto de Suárez tiene vigencia desde el 10 de diciembre de 2025, por un plazo de 12 meses, con posibilidad de ser prorrogado por igual período o dejado sin efecto, total o parcialmente, si se superan las causas que motivaron su implementación. "Estas medidas buscan asegurar una administración responsable de los recursos públicos, priorizando el impacto social y la continuidad de los servicios esenciales para todos los santiagueños", indicó el gobierno de Santiago del Estero.
En territorio patagónico también hubo episodios en ese sentido. Esta semana, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, cruzó en público al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño. ¿El motivo? La aprobación de una ordenanza que autorizó un aumento del 80% de los salarios de los funcionarios municipales.
"El gobierno de Neuquén todos los meses le manda $500 millones a la Municipalidad de Junín de los Andes para que pueda terminar de pagar sueldos. Por eso yo le pido hoy, señor Intendente, que revea esa ordenanza", le dijo Figueroa al alcalde durante un acto público.
Posteriormente, el mandatario aseguró que él no es quien para entrometerse en la autonomía municipal, pero "cuando a fines de mes nosotros sacamos $500 millones de alguna obra y los mandamos a Junín de los Andes para que terminen de pagar sueldos, no corresponde que los políticos se aumento 80% el salario". "Amerita a que puedan rever la decisión", lanzó.
Durante el mismo evento, Madueño le confirmó al primer Magistrado local que la ordenanza fue vetada, lo que le valió la felicitación del primer Magistrado local, quien había asegurado que la medida "terminaba apartando a la clase política del pueblo".
El hecho tuvo réplicas en Vista Alegre, otra localidad neuquina. Allí, el Concejo Deliberante había aprobado un aumento del 25% del sueldo para los funcionarios locales, incluyendo a concejales y del propio intendente, José Asaad. Finalmente, ante el malestar que generó en el Ejecutivo provincial lo ocurrido en Junín de los Andes, Asaad siguió los pasos de Madueño y vetó la ordenanza, retrotrayendo la situación.
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