No logran respaldo dos reformas de Constitución

Ambito Nacional

La reforma de la Carta Magna obsesionó a más de una decena de gobernadores durante el año pasado, y apunta a una suerte de aggiornamento de las cartas magnas, para equipararlas con el texto nacional de 1994. A la sombra de elecciones legislativas clave en octubre, los aires reformistas pasan casi inadvertidos, como sucediera con los comicios para convencionales constituyentes que se celebraron el domingo pasado en Santiago del Estero, con un índice de abstención de 65 por ciento. Además de esta provincia norteña, Neuquén votará constituyentes el 23 de octubre junto con las legislativas, algo que también está previsto en Tucumán y en Neuquén.Aun así, el gobernador tucumano José Alperovich transita terreno pedregoso y ayer -a través de la Fiscalía de Estado- debió presentar su descargo en las tres causas judiciales contra las convencionales constituyentes que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el gobierno tucumano, las tres acciones contra las convencionales «padecen defectos legales». Estas últimas consideran que ha sido violada la Constitución provincial, que ordena que los convencionales sean elegidos de la misma manera que los legisladores, los cuales fueron votados por medio de la ley de lemas, norma que luego fuera derogada en la provincia.
La reforma es una vieja pretensión del justicialismo, ya que no participó de la Convención Constituyente de 1990, que sólo contó con representantes del bussismo, un radical
(Carlos Muiño) y un ex UCeDé (hoy en Fuerza Republicana), Pablo Calvetti. La Carta Magna de 1990 prohíbe la reelección de las autoridades y Alperovich, al anunciar que convocaría a elección de convencionales, se pronunció en contra de esta restricción.
En
Tierra del Fuego se trata de un proceso que por el momento no puede superar el orden potencial, ya que son numerosos los rechazos emitidos, especialmente desde la oposición, contra el intento del gobernador Jorge Colazo.
En este marco, el intendente de Río Grande,
Jorge Martín, consideró que el anuncio de modificación de la Carta Magna fueguina responde a «una intención de distraer a la comunidad».

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