Nueva marcha contra un acorralado R. Saá

 El mandatario justicialista apila, entre otros, conflictos con la Iglesia Católica y con el sector educativo, además de alimentar la insólita coexistencia de dos intendentes al frente de la capital sanluiseña. La prueba de que la crecienteprotesta no cederá hasta que el gobierno dé marcha atrás para rectificar rumbos fue la nueva movilización con cacerolazo -la segunda esta semanaque se desarrolló ayer en la capital, y que incluyó algunos incidentes cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras contra la Casa de Gobierno, rompiendo algunos vidrios.
A instancias de la Multisectorial, la marcha apuntó a exigirle al gobierno que «restituya derechos lesionados y cese con las difamaciones a la Iglesia Católica». En tanto, mientras los padres autoconvocados ratificaron su reclamo, el gobierno pidió a la Justicia el desalojo de escuelas tomadas -son 4 , en la capital-provocando una mayor tensión.
Por primera vez desde que se desató la crisis, los distintos sectores de la vida provincial que se movilizan en forma individual ayer se agruparon para unir fuerzas y realizar en forma simultánea en las dos principales ciudades -San Luis y Villa Mercedes-una marcha que reunió a centenares de personas frente a la Casa de Gobierno. Así, una nueva movilización con golpes de cacerolas retumbaron en los oídos de una cada vez más jaqueada gestión de R. Saá, que anteayer ya había vivido una jornada de tensión cuando un grupo de alumnos quemó cubiertas, apedreó vehículos y cortó calles. Incluso el lunes, en medio de una diáspora de dirigentes, tuvo que salir el PJ -a instancias de Adolfo Rodríguez Saá- a darle un «fuerte respaldo» al gobierno para intentar apuntalarlo.
La activa agrupación católica Laicos Autoconvocados; la Unión Docentes Argentinos; la Asociación de Docentes Estatales; los combativos sindicatos de Trabajadores Municipales, Obras Sanitarias, Viales y Taxistas; la agrupación Osvaldo Sosa, ATE y partidos políticos de la oposición fueron las organizaciones convocantes de la marcha de ayer. Se les sumaron las cámaras de Comercio y Producción de Villa Mercedes y San Luis, la Sociedad Rural y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis.
Los manifestantes llevaron a la Casa de Gobierno una lista de reclamos, entre ellos la restitución de los institutos de menores a la Iglesia Católica y el cese del ataque a esa iglesia; la destitución de los 70 interventores nombrados por R. Saá al frente de las escuelas y el cumplimiento del estatuto docente; el pago de los sueldos a los trabajadores municipales por parte de la oficialista intendenta María Angélica Torrontegui; y la declaración de la emergencia agropecuaria.
Ni la gestión personal del gobernador ante los padres y docentes para que depusieran la toma de escuelas bajo la promesa de «rectificar medidas», ni el desesperado llamado que hizo por televisión al diálogo a la conducción de la Iglesia Católica fueron suficientes para evitar la movilización. Menos alcanzó el reconocimiento por parte del mandatario de que «se cometieron errores» en la designación de algunos normalizadores de escuelas. En este marco, ayer el obispo José Luis Lona negó que haya pedido la renuncia del gobernador.