27 de febrero 2008 - 00:00
Otro revés judicial para Porretti, que no declaró
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Pero el ámbito judicial le deparó otra mala noticia al jefe comunal kirchnerista, ya que el juez de garantías Luis Niti rechazó un pedido de eximición de prisión -tras una presentación en ese sentido concretada ayer por Ochoa-, aunque en este caso en relación con la denuncia del dueño de un parador de Pinamar por el pedido de presuntos sobornos por parte del detenido ex secretario de Gobierno Aldo Leonian, que también parece salpicarlo. «No nos notificaron nada», aseguró ayer Ochoa.
En paralelo, circularon ayer en Pinamar algunas versiones sobre una supuesta intención del gobierno de Daniel Scioli de intervenir el municipio. Sin embargo, fuentes cercanas al mandatario aseguraron anoche a este diario que esa hipótesis «por ahora no se evaluó», y que no hubo un pedido en ese sentido desde el distrito costero. «Hay una crisis, pero están funcionando las instituciones», agregaron las fuentes.
En este marco, Ochoa desembarcó en los tribunales de Dolores para solicitar el sobreseimiento de su cliente, ante las acusaciones de presunta extorsión -cámara oculta mediante- por parte de los propietarios del complejo Ku/El Alma.
Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que Gendarmería Nacional comenzó ayer a analizar el video en el que supuestamente queda reflejado el intento de coima contra los dos empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky. La fiscal de la causa, María Fernanda Hachman, solicitó que se analice la veracidad de las más de cinco horas de grabaciones que tiene el material en crudo, pese a que los denunciantes aportaron en principio un DVD de una hora -repartido en tres momentos- con subtítulos y un audio muy dificultoso.
«Vamos a hablar a calzón quitado (Porretti) está al tanto de todo», expresa supuestamente Leonian en la filmación en la que presuntamente ambos aparecen reunidos en la sede del municipio, junto a los empresarios. La defensa de Porretti no sólo apunta a la nulidad del video como prueba, sino a que cambie la acusación, para que los empresarios denunciantes pasen a ser cómplices de la eventual maniobra de cohecho, y ya no de extorsión.
Mientras tanto, crece la presión interna para que Porretti renuncie a la intendencia. Así lo exigen desde el seno del PJ de Pinamar y algunos miembros del gabinete del jefe comunal, quienes se suman al reclamo de los concejales. Por caso, Juan José dos Santos, secretario del PJ local, sentenció que «el no haber pedido licencia perjudicó a Pinamar y es necesario que renuncie».




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