Plañidera de gobernadores por parálisis de las obras públicas

Los cuatro meses de conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, la inflación y el incipiente enfriamiento de la economía derivaron en una drástica reducción de la obra pública que pone en alerta a los gobernadores, que ven cada vez un menor flujo mensual de fondos de la Nación. En este sentido, desde las administraciones provinciales se buscan alternativas para detener la parálisis que afecta al sector desde hace más de tres meses.
La situación aflige a las autoridades provinciales, ya que la disminución en el ritmo de obra provocó suspensiones de personal -denunciadas por los gremios de trabajadores de la construcción- y un marcado estancamiento de las economías locales. La obra pública, uno de los puntales en los que el gobernador José Alperovich cimentó su gestión, presenta el peor escenario desde 2003, según publicó el matutino «La Gaceta de Tucumán».
El propio mandatario justicialista reconoció el martes la gravedad de la situación planteada. «Hay que esperar hasta los primeros días de agosto para ver si se normaliza el envío de fondos, porque ayer comenzó a funcionar normalmente el país. Hay cosas que nos faltan por hacer; daremos las soluciones que podamos dar. La gente está necesitada y no podemos aflojar», aseveró.
En rigor, el recorte del flujo de recursos nacionales ya generó una deuda de casi $ 150 millones con las constructoras locales. Esa cifra se originó a partir de la falta de pago de los certificados de redeterminación de precios firmados como consecuencia del aumento de los costos. Ocurre que todas las obras realizadas con fondos nacionales tienen previsto un índice de indexación, pero sólo cuando la inflación supera 10% del costo de la obra. El inconveniente es que la Nación aplica esa indexación sobre la base del índice del costo de la construcción difundido por el INDEC, una vez que los costos superaron los precios oficiales.

 Retrasos

Para ponderar el grado de retraso en la ejecución de la obra pública, sólo basta con detallar lo que sucede con la marcha de los planes de vivienda en la provincia. Hasta mayo, la Nación envió alrededor de $ 20 millones mensuales, mientras que en junio se acreditaron apenas $ 11,5 millones. Lo ideal para mantener un ritmo sostenido de los trabajos pautados, según explicó el titular del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano, Gustavo Durán, sería que desde el poder central se giraran alrededor de $ 27 millones por mes. «Es muy temprano para saber cómo sucederán los acontecimientos, pero ya tengo síntomas positivos. Por ejemplo, hasta ayer la Nación giró $ 15,1 millones y falta una semana para que finalice julio, por lo que podríamos llegar a un total de $ 18 millones. Es un avance», estimó el funcionario, que prefirió ver la mitad del vaso lleno.
La postal también se observa en Catamarca. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes económicos por el retraso en el envío de fondos de la Nación, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral prometió que se seguirán construyendo viviendas en la provincia. «Estamos aportando fondos provinciales esperando que la situación se aclare a nivel nacional», manifestó el mandatario radical en radio «Ancasti». Asimismo, afirmó: «Vamos a seguir haciendo viviendas porque la gente no entiende de crisis».
Además, el radical, que rompió con la concertación que lo ligaba al kirchnerismo, anticipó que en los barrios muy alejados de la provincia, y para familias de escasos recursos, las viviendas se entregarán con parte del mobiliario. «Tendrán un juego de comedor, camas y colchones», comentó.
De igual manera, en La Rioja los fondos federales comenzaron a llegar con mayores dificultades desde el primer trimestre del año. Por este motivo, el gobernador Luis Beder Herrera advirtió: «Ahora se cuenta con 2.000 millones de dólares menos que habrá que compensarlos con algo. No ha sido del todo bueno (que no se apliquen las retenciones a los granos); si bien hay un clima de paz y tranquilidad en el país, también es cierto que los sojeros grandes se quedan con 2 mil millones de la renta y realmente los sojeros chicos, que son 80% de los productores del país, van a pagar 5% más de retenciones», argumentó.
Al ser consultado si se ve resentida la provincia con esta derogación, el gobernador justicialista sostuvo: «Sí, tenemos menos plata, eso es menos obras, y esperemos que la recaudación se recupere. Porque ya estamos notando la merma».
De todas maneras, el gobierno nacional anunció que otorgará adelantos financieros a La Rioja por un monto de 30 millones de pesos, para dar solución a «dificultades financieras transitorias» por las que atraviesa la provincia.