La contienda por la promoción industrial, que comenzó en mayo con la firma de la Presidente de la prórroga por 15 años de los beneficios impositivos para cuatro provincias (Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis), sigue sin resolverse y el desaire de parte del Gobierno nacional acrecienta la preocupación de los sectores productivos en el interior.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Luego de desempolvar viejas rivalidades regionales y enfrentar a gobernantes celosos de la atención de la Casa Rosada, la continuidad del régimen no está garantizada: si bien la demanda de Mendoza que llegó a golpear la puerta de la Corte Suprema de la Nación quedó saldada, resta resolver una acción presentada por La Pampa. En tanto, la Nación todavía mantiene congelado el decreto y aún no confirmó su promulgación.
Por caso, desde el sector textil de La Rioja, que es el principal polo productivo del distrito, reclamaron «que alguien dé señales de que la promoción industrial seguirá», porque «a algunas empresas se les vencen este año los beneficios promocionales».
«Nosotros y las empresas esperamos que se tome conciencia de la importancia de esto. Este es un año electoral y van a ser decisivas las medidas que se tomen por la promoción. Estamos esperanzados en que a fines de este mes o en febrero haya alguna novedad y se destrabe el Decreto 699», señalaron delegados de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines.
El primer capítulo de la contienda por la promoción lo escribió Mendoza, que se sintió perjudicada por los beneficios impositivos que recibirían sus vecinas, protestó ante la Justicia nacional y, luego de meses de tironeo, el gobernador justicialista Celso Jaque logró que la Nación incluya algunos de sus departamentos en el régimen. Lejos de terminar ahí esta historia, nuevos ribetes aparecieron y los beneficios de la apetecida promoción siguen sin efectivizarse.
Motivada por el éxito mendocino, La Pampa puso en marcha una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto presidencial 699, la presentó en la Corte Suprema y todavía espera respuesta.
El Gobierno de Tierra del Fuego, en tanto, puso el grito en el cielo por los potenciales perjuicios que podría tener sobre la Ley 19.640 -un beneficio impositivo considerado fundamental para la economía del distrito austral- que prospere una propuesta que llegó al Congreso de la Nación para crear un nuevo régimen que alcance a todo el país.
Sin embargo, el enojo mendocino -puntapié de un alocado efecto dominó- no duró tanto como la suspensión que todavía rige de la puesta en marcha de la medida: la provincia cuyana desistió de reclamarle a Cristina de Kirchner por el beneficio impositivo a cambio de que la entrada en el Programa Federal de Desendeudamiento.
Tras la firma del polémico trueque con Nación, recayó sobre el fiscal de Estado mendocino, Joaquín de Rosas, el pedido de un jury por mal desempeño en sus funciones, que finalmente no le trajo demasiados perjuicios ya que luego de meses de silencio, la causa fue archivada a principios de año por «no constituir ningún tipo de delito para el derecho penal».
Dejá tu comentario