En una advertencia a la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional consideró que el reclamo presentado por Santa Fe por fondos de la coparticipación «no debería prosperar» debido a la mayoría agravada que requiere cambiar el sistema.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que la demanda de la gobernación del socialista Hermes Binner -y, por elevación, otras presentaciones de mandatarios en igual sentido- no tendría que ser tenida en cuenta por el máximo tribunal, porque «cuando se discuten los dineros coparticipables, entramos en el artículo 75 (de la Constitución nacional) que habla de mayorías agravadas para sancionar una ley convenio», es decir, que se requiere que estén de acuerdo todas las provincias y también el Estado nacional. «Y en este caso, la mayoría de las provincias no piensa de esa manera», completó el funcionario kirchnerista.
A mediados de marzo, Binner solicitó en una audiencia pública que convocó la Corte Suprema una medida cautelar para que se suspenda parte de la detracción del 15% de la coparticipación federal, que se redirecciona a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Según el mandatario, como la provincia no adhirió a la prórroga de la norma que la estableció en 1992, en el marco de llamado «pacto fiscal I», la quita del 15% para la ANSES desde 2006 (a través de la Ley 26.078) es «indebida» y por esa razón, Santa Fe podría reclamar el cese y la restitución de los fondos retroactivos. No obstante, el planteo de Binner solamente apuntó, al menos en lo inmediato, a achicar el pedido a la suspensión a un 50% de la detracción a partir de este año.
Apenas fue notificada la demanda santafesina, el Ministerio de Economía de la Nación reconoció que teme que otras provincias imiten el pedido de medida cautelar de Binner si la Justicia le da la razón y, ante la Corte, representantes de Hacienda advirtieron que si se falla a favor del Gobierno de Binner, «se podría llegar a una situación de default del sistema previsional, ya que se sumarían otros reclamos, como el que ya está planteado por San Luis, y entonces habría que discutir cómo financiar la seguridad social». La lista de distritos que podrían contar con la misma oportunidad incluye, además de San Luis, a Formosa, Jujuy, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta, San Juan y Santa Cruz.
Ahora, Fernández apela al artículo 75 de la Carta Magna para defender la postura de la Casa Rosada y virtualmente pedir a la Corte que no permita que el reclamo litoraleño prospere.
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