Previsible: se replican tomas de terrenos en las provincias

La toma del Parque Indoamericano no sólo se contagió a otros predios porteños y del conurbano bonaerense. Previsiblemente, nuevos copamientos ya comienzan a replicarse en el interior del país y los mandatarios temen una riesgosa escalada en las puertas del electoral 2011. Incluso, algunos ya se atreven advertir que, a diferencia de la tensa postal de Soldati, no tolerarán intrusiones.

Un caso emblemático se vivió en San Juan, donde ayer policías y gendarmes desalojaron de manera pacífica, tras una orden judicial, a 70 familias que habían usurpado -y loteado- el lunes un predio del Regimiento de Infantería 22, en Marquesado.

«Hablé con el gobernador de Neuquén (por Jorge Sapag) y allí está pasando lo mismo; sucede en 13 o 14 provincias del país y es parte del efecto Villa Soldati», aseguró el justicialista José Luis Gioja, además de advertir que «algunos andan con la urna en la cabeza, creyendo que esto da votos».

Este delicado escenario se da a la luz de las concesiones de Cristina de Kirchner y Mauricio Macri que esperan recibir las familias y organizaciones territoriales que usurparon las tierras en Buenos Aires en reclamo de viviendas, en el marco de tensas horas marcadas por un virtual desgobierno.

Son conscientes los man-datarios que, más allá de las inobjetables necesidades habitacionales de las provincias, la cercanía de las urnas se convierte en territorio fértil para multiplicar las embestidas en sus distritos.

Por eso algunos de ellos decidieron endurecer públicamente su postura en las últimas horas. Por caso, el justicialista José Alperovich recalcó que su Gobierno «no va a permitir» que se reproduzca ese fenómeno en Tucumán y que actuará «con toda la fuerza de la ley». «Me preocupa la situación, pero vamos a defender la propiedad privada a rajatabla», insistió, además de revelar que tuvo una reunión con su ministro de Seguridad porque «es preocupante lo que pueda llegar a suceder en otro lado; que la gente empiece a copiar».

Otros gobernadores también amplificaron su preocupación. «Lo de Villa Soldati es un hecho del que no estamos exentos de que nos pueda pasar a nosotros», advirtió desde Santa Fe el socialista Hermes Binner, aunque lo relacionó con las «carencias» de los planes nacionales de vivienda.

En tanto, el peronista Celso Jaque consideró que no están dadas las condiciones para que sean calcadas las tomas en Mendoza, aunque advirtió que «no es por la fuerza que se resuelven los conflictos en una sociedad».

Si bien no se trata estrictamente del mismo caso, el antecedente más reciente de disputa violenta de tierras se dio en Formosa, donde la puja derivó en un violento desalojo de miembros de la comunidad toba, con un aborigen y un policía muertos.

En Córdoba, en este marco, desde la organización Tupac Amaru ya advierten que de no ver satisfechos sus reclamos de viviendas pueden desatarse nuevas ocupaciones desde enero.

«Después de estas fiestas, si no hay una propuesta clara que incluya a todos los sectores, me parece que vamos a tener problemas», enfatizó desde el agrupamiento mediterráneo Sergio Costigliolo, con cerca de 450 familias intrusando 5 predios en la capital como telón de fondo. «Nadie puede actuar al margen de la ley y nadie puede querer, con manos propias, apropiarse de un terreno», advirtió en las últimas horas Schiaretti.

En rigor, si la lupa se agranda también se percibe riesgosa agitación en distritos como Jujuy, donde la red de organizaciones que conduce la misma agrupación -liderada por la piquetera K Milagro Sala- tomó ayer el Ministerio de Desarrollo Social y cortó rutas y puentes, en reclamo del pago de un aguinaldo social y la entrega de bolsones navideños.

En el caso de San Juan, los usurpadores se retiraron del lugar tras ser recibidos por Gioja, ser censados y obtener la promesa de que serán visitados por una asistente social que relevará cada caso en particular. Previamente, el mandatario -quien sostiene que en su gestión erradicó «63 villas»- ratificó que seguirá «siendo inflexible en estos casos», aunque aclaró que no es el Gobierno quien tiene que «desalojar, sino la Justicia y los dueños del terreno».