Provincias ya ajustan gasto por temor a caída de coparticipación

Presionados por la perspectiva de una fuerte caída en los envíos de coparticipación -por la parálisis económica desatada por la protesta agraria y del transporte de cargas- y por las deudas millonarias de Nación, los gobernadores ya aceleran impensados planes de ajuste del gasto público en sus distritos, con la consigna mayor de garantizar los compromisos mínimos del Estado.
La primera debilidad estructural -que viene a potenciar la ya clásica voracidad del Estado nacional respecto de los recursos que le corresponden al interior- golpea a todas las provincias, incluso las más kirchneristas; la segunda realidad, en tanto, castiga con sugestiva virulencia a aquellos caciques locales que se negaron a alinearse con Cristina de Kirchner en su pelea con los ruralistas.
Esta instantánea no hizo más que reavivar los reclamos de discusión de una nueva Ley de Coparticipación (a viva voz entre los opositores, y por lo bajo entre el oficialismo), que garantice el piso mínimo de 34% para las provincias de la torta total de lo recaudado, precepto legal que hoy se incumple (por lo cual este año el conjunto de los Estados provinciales resignaron cobrar en promedio $ 506 millones mensuales).
 Análisis
Por todas estas razones, las tradicionales reuniones de gabinete en el interior viraron en los últimos días en angustiosos análisis respecto de cómo optimizar el uso de los recursos, al ritmo de una crisis con el agro que ya lleva más de 90 días. También se avanzó en la solventación con fondos propios de obras o políticas que en rigor deben ser financiadas con Nación.
Esa postal dista de la celebrada recaudación nacional récord de mayo pasado, que mostró una suba de cerca de 28%, pero que esconde una realidad que agobia al interior: el crecimiento de la tajada de percepción que no se coparticipa a los mandatarios.
Algunos ejemplos bastan para graficar este tenso escenario. Por caso, el gobernador de La Rioja, el justicialista Luis Beder Herrera, decidió acotar el gasto en la provincia, al advertir que se profundizará la caída en las transferencias a su distrito.
Ayer Beder Herrera mantuvo un encuentro con el intendente capitalino, Ricardo Quintela, para analizar la situación económica y social local luego del dispuesto cronograma de emergencia para los servicios públicos municipales por la escasez de combustibles e insumos.
Tras la reunión, Quintela aseguró que el gobernador «producirá una reducción fuerte del gasto público, a los efectos de poder sobrellevar esta crisis», con la intención de «garantizar la prestación de servicios esenciales, como seguridad y salud pública, que también se ven perjudicados por la falta de combustible».
 Quejas
«La situación del país está repercutiendo en las provincias y en los municipios; en la capital riojana ha bajado ostensiblemente y en forma abrupta nuestra recaudación, que ya no nos permite manejarnos con los gastos diarios corrientes», advirtió.
En rigor, en forma creciente, los ministros de Economía de las provincias admiten públicamente la afectación de los ingresos públicos como coletazo del parate agrario.
Desde Entre Ríos, por caso, el titular del área, Diego Valiero, reconoció que «los ingresos públicos no tendrán los niveles esperados originalmente, ya que realmente hay una posibilidad de afectación por caída de nivel de actividad tanto en Ingresos Brutos como en Sellos», además de «una posible caída en el nivel de ingreso por IVA».
A este escenario se suman además las amargas quejas de los gobernadores más díscolos respecto de crecientes deudas nacionales en los envíos de fondos para obra pública, asistencia social
y cobertura del rojo previsional.
En el lote de los relegados se encuentran el justicialista Juan Schiaretti (Córdoba), el socialista Hermes Binner (Santa Fe), el peronista ultracrítico Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y el otrora radical K Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca).
 Crítica
Todos ellos asumieron un perfil crítico frente a la estrategia desplegada por la Casa Rosada ante las estocadas ruralistas e, incluso, hasta se atrevieron a recibir a los dirigentes del agro.
Schiaretti, sin medias tintas, ya denunció que Nación discrimina a Córdoba en materia de envío de fondos y amenaza con ir a la Justicia, con aval legislativo (ver aparte). Binner, por su parte, enfatizó que la Casa Rosada le debe cerca de $ 1.000 millones y que las remesas de coparticipación a su distrito no lucen lo rozagantes que intenta demostrar la Presidente.
Rodríguez Saá, por su parte, cosechó esta semana una conquista en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aceptó tratar su reclamo de millonaria compensación por lo que su provincia dejó de percibir producto de las retenciones. Mientras tanto, Brizuela del Moral blandió ya la hipótesis de activar la vía judicial frente a las moras, aunque a una funcionaria de su gabinete le prometieron destrabar los envíos de asistencia social la próxima semana. «No puedo concebir que nos corten los fondos y no haya una explicación», lamentó quien rompiera recientemente con el kirchnerismo nacional, su otrora socio electoral.