18 de diciembre 2019 - 00:00

Puja por juicios y puerta abierta para gravar exportaciones en 2020

DEBUT. Alberto Fernández tuvo ayer su primera foto como Presidente, con todos los gobernadores del país. 

DEBUT. Alberto Fernández tuvo ayer su primera foto como Presidente, con todos los gobernadores del país. 

La rúbrica ayer de la adenda al Consenso Fiscal incluyó una trastienda tensa, al tambalear por la mañana algunas firmas por un cambio de último momento que extendía la suspensión de juicios a todas las demandas de coparticipación, y no sólo a las de IVA y Ganancias. Y además augura un 2020 de mayor presión tributaria, al frenar por un año las bajas de Ingresos Brutos pero también destrabar (más por lo bajo) la posibilidad de gravar con Ingresos Brutos las exportaciones de bienes y servicios, hasta ahora en su mayoría exentas, entre otras medidas en ese sentido.

La puerta abierta a un incrementado peso tributario quedó sumergida bajo los títulos centrales de la comunicación oficial nacional y de las provincias, que se centró en el freno por un año al diagrama de bajas de alícuotas de Ingresos Brutos por actividad sellado en el Consenso Fiscal 2017 con Mauricio Macri.

Pero la adenda, además, levanta las compuertas para potenciales subas o reactivación de imposiciones en ese tributo y en Sellos, y a la aplicación de tributos específicos a la transferencia de combustibles, gas y energía, entre otros ejes.

“No es un cheque en blanco para subir impuestos, más allá de lo que cada gobernador pueda decidir”, dijo el sanjuanino Sergio Uñac, relativizando la decisión final que adoptará cada mandatario.

En la letra chica, la enmienda congela por un año el diagrama de bajas de alícuotas de Ingresos Brutos por actividad, y la obligación de no incrementar Sellos.

Pero, además, freeza por 365 días la obligación rubricada en 2017 de “desgravar ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios”, lo mismo que los provenientes de “prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país”, en lo que respecta a Ingresos Brutos.

De adoptar una decisión política en ese sentido, los gobernadores podrán gravar con Ingresos Brutos esas actividades, hoy exentas.

“Por 2020 la prohibición queda suspendida; no significa que sea aplicada necesariamente por las provincias, pero podría ser aplicada”, aseguró un ministro de Economía a Ámbito Financiero.

También suspende por un año la obligación de eliminar tratamientos salariales diferenciales basados en el lugar de radicación o de nacimiento. Además congela el artículo que ordenaba derogar “inmediatamente” tributos específicos que graven “la transferencia de combustible, gas, energía y servicios sanitarios”.

Pulseada inesperada

En paralelo, brotó pocas horas antes de la rúbrica una puja inesperada, luego de que los gobernadores se sorprendieran en el último tramo del lunes con la recepción de un segundo boceto de adenda, que extendía a todos los juicios de coparticipación la obligación de las provincias de suspender por un año las acciones, en pos de una salida política.

El primer borrador circunscribía ese compromiso sólo a los distritos -poco más de una quincena- que accionaron en la Corte contra los decretos post-PASO de Macri que golpearon la coparticipación, con la suba del piso de Ganancias y la quita del IVA a alimentos de la canasta básica.

Pero el segundo texto era claramente adverso para distritos que llevan adelante juicios de otra índole, con foco en Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, que tienen fallo a favor pero no liquidación aprobada. Frente al malestar causado por el retoque, el Gobierno nacional accedió a volver al formato anterior, tras una negociación entablada por la mañana entre los ministros de Economía y la secretaria del área de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Una pulseada que terminó de definirse cuando los ministros ya habían recalado en el Comisión Federal de Impuestos, donde analizaron con lupa además el discurso con los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Finalmente, la adenda autoriza a constituir una “comisión de evaluación” del impacto de los decretos post-PASO de Macri que erosionaron la coparticipación.

Pero ata a eso la suspensión por un año de los juicios iniciados por las provincias en agosto para exigir una compensación por las pérdidas en las remesas, y prohibe iniciar una demanda a lo que aún no judicializaron el conflicto. En cambio, finalmente no fue parte de la adenda un punto que circuló originariamente en el primer boceto, y que abría la puerta a discutir una potencial reducción en las remesas de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, tras el incremento por decreto que Macri le otorgó al reelecto Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) en 2016. Allí se generaba la posibilidad de “evaluar la reducción del porcentaje de participación” de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de coparticipación para “mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones” frente a los compromisos asumidos en aquel entendimiento con Macri de 2017, y en su modificación de septiembre de 2018. Esa potencial cláusula estaba en sintonía con un planteo que creció con insistencia en las últimas semanas desde filas del peronismo nacional, con Cristina de Kirchner como una de las voceras más resonantes. Pero terminó por no integrar el texto final, un día después de la reunión que el ministro Wado de Pedro, mantuvo en la Casa Rosada con Rodríguez Larreta.

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