19 de diciembre 2019 - 00:00

Que el respeto a las instituciones trascienda las gestiones

La alternancia en los cargos públicos es uno de los rasgos distintivos de los sistemas republicanos. Un gobernante puede ser elegido democráticamente durante seis períodos consecutivos, pero sin dudas, esa reelección sin alternancia poco tiene de republicana.

El poder tiene que limitarse a sí mismo para evitar esos excesos. Un buen ejemplo es la Ley 14.836 que, en septiembre de 2016, entró en vigencia en Buenos Aires. Esta norma, impulsada por María Eugenia Vidal, puso fin a las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores en esa provincia.

Si bien en la actualidad subsisten en nuestro país sistemas de reelección indefinida, en la Nación y en la mayoría de las provincias, cada cuatro años presenciamos el traspaso de mando en los poderes de Gobierno. Ese ejercicio frecuente, a estas alturas de nuestra historia democrática, debería estar aceitado. Sin embargo, en 2015 y en 2019 la cuestión no estuvo exenta de traspiés y polémica.

En cuanto a la transición presidencial, este año hemos mejorado sustancialmente en relación con 2015, que fue la más desordenada de nuestra historia constitucional.

Este año, la situación anómala se dio en el ámbito bonaerense, donde el gobernador Kicillof decidió postergar su jura al 11 de diciembre, en lugar de hacerlo el día 10, como debió haber sido, si cuestiones personales e intereses no se hubieran puesto por encima de la institucionalidad.

A menudo escuchamos a dirigentes políticos criticar la excesiva injerencia de la Justicia en asuntos políticos. Pero lo cierto es que en muchos casos la judicialización de la política es originada por la misma política que no sabe o no puede resolver sus tensiones internamente y genera la situación para que otro poder termine resolviéndolas.

Sin importar de quién provenga este tipo de crítica al Poder Judicial, lo desafortunado de ese razonamiento es la falta de asunción de las propias responsabilidades, una conducta bastante recurrente en nuestra cultura nacional. Es lo que el genio de Tato Bores inmortalizó en memorable monólogo: “¿Quién tiene la culpa? ¡El otro!”. La culpa siempre la tiene el otro.

Las y los políticos debemos hacernos cargo de esa falta de capacidad para resolver sus asuntos por los mecanismos propios de la política: diálogo, consenso, disuasión, acuerdo. Tenemos que asumir la realidad y las propias responsabilidades. No podemos eludir ese mandato si queremos mejorar en lo personal, como sociedad y como país. Si esto es predicable para todas las personas, cuánto más para las y los políticos que debemos velar especialmente por nuestras instituciones y estamos llamados a dar el ejemplo, a actuar con prudencia y evitar conflictos innecesarios.

En ese entendimiento es que en mi primer día como diputada provincial presenté un proyecto de ley para regular el proceso de transición gubernamental en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial y el traspaso de atributos gubernamentales y, así, evitar que los funcionarios tomen decisiones arbitrarias, basadas en meras conveniencias personales, afectando la institucionalidad y la democracia.

Brasil, Canadá y Puerto Rico tienen legislación regulando estos procesos. En nuestro país, la provincia de Neuquén sancionó una ley en esta materia en 2010 y lo propio hizo la Municipalidad de Córdoba, sancionando una ordenanza en 2016.

Es que el vacío normativo que existe con respecto a este tema hace que este proceso de gran trascendencia institucional termine dependiendo de la voluntad de los funcionarios. En algunos casos, esa voluntad atenta contra la previsibilidad de nuestro sistema democrático, inclusive poniendo en vilo a la sociedad con innecesarias tensiones y hasta con horas de virtual acefalía en los más altos cargos ejecutivos.

Espero entonces que desde la política logremos alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar el respeto a las instituciones, dando previsibilidad al sistema y tranquilidad a la sociedad que no merece sobresaltos de ningún tipo con cada cambio de Gobierno. Para que el respeto a las instituciones trascienda las gestiones.

(*) Diputada provincial de Juntos por el Cambio (Buenos Aires).

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