Polémica en Jujuy: multas de hasta $1 millón y arresto para médicos que se resistan a trabajar en pandemia

Ambito Nacional

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso aplicar multas de hasta 1 millón de pesos y arresto domiciliario para el personal de salud que no realice las prestaciones que le pide la cartera sanitaria provincial en el contexto de la pandemia de covid-19.

Así lo resolvió el gobernador radical y referente de Juntos por el Cambio en el decreto acuerdo Nº 1444-S/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial de la provincia.

Jujuy estuvo por más de cien días sin registrar casos positivos por covid-19, pero la situación cambió debido al aumento de personas infectadas en “un período corto de tiempo”, registrando en la actualidad 8.542 pacientes.

Frente al escenario actual, el Gobierno había decidido “incrementar la atención a pacientes” con covid-19 con personal médico que integra el sistema público y privado de salud, a través del Decreto Acuerdo N° 1205-S-2020.

Ese decreto había establecido que los profesionales de la salud se sujetarán a las necesidades del servicio y requerimientos que demanden la emergencia epidemiológica declarada en la provincia.

Pero pese a la convocatoria pública a los profesionales médicos de la provincia, “no se ha logrado la total concurrencia de estos profesionales, por lo que se concluye que la privación de atención oportuna y diligente constituye un daño al sistema de salud”, consideró Morales.

Y señaló que “es imprescindible contar con personal de salud en todo el territorio provincial para hacer frente a la pandemia, tornando necesario establecer un régimen sancionatorio para el personal de la salud que sea renuente a la convocatoria de la autoridad sanitaria”.

Por ello, en el nuevo decreto el gobernador radical dispuso sanciones para el personal del sector público o privado integrando o afectado al sistema de salud público de la provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente. Si esos incumplimientos derivan en “la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad o urgencia, se le impondrá multas que van desde 40.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos más accesorias de arresto e inhabilitación.

El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501.

Al respecto, la diputada provincial Alejandra Cejas, dijo que recurrirán a la Justicia ya que el decreto “autofaculta al gobernador a poner multas o inhabilitar a profesionales del sistema de salud que no cumplan las directivas, decisiones o indicaciones que se les den”.

“Es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”, advirtió en declaraciones a Cadena3.

Por su parte, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dio a conocer una durísima carta contra la decisión del gobernador.

La entidad que agrupa a los profesionales de esa especialidad, aseguró que el decreto “es un ataque a quienes trabajan sin descanso”

Sergio Barrera Ruiz, secretario adjunto de la agrupación, dijo que “Los colegas están colapsados y desbordados y se los amenaza innecesariamente con multas de un millón de pesos y prisión cuando son los que más están peleando contra la pandemia”, planteó.

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