Corrientes - El grave autoacuartelamiento policial por reclamos salariales -que cumple hoy diez días- se dirime ya en la Justicia. Tras el recurso de amparo concedido a los efectivos rebeldes, ayer el fiscal de Estado, Fernando Carvajal, presentó un pedido de per saltum para que el único tribunal que pueda fallar en la cuestión sea el Superior Tribunal de Justicia. La apelación concretada ayer responde al recurso de amparo otorgado a 70 uniformados por parte del juez de Instrucción y Correccional de la localidad de Esquina, Jorge Vallejos. «Ahora es el Superior Tribunal el que debe definir la cuestión planteada y la cuestión de fondo; anhelamos que lo haga en forma rápida por la gravedad del tema», aseguró Carvajal. En la presentación, además, se tildó de «improcedente el accionar del juez de grado» -por Vallejos-, que así «pone en serio riesgo el contexto constitucional de la provincia, al desconocer en forma grosera el orden jurídico vigente, avanzando sobre potestades propias, exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo provincial». Esta semana, el gobernador radical Arturo Colombi intimó a los efectivos a reintegrarse a sus funciones bajo pena de duras sanciones que van desde el arresto hasta la exoneración. Sin embargo, los policías rebeldes lograron ser amparados por un paraguas legal.
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En este muy delicado marco, si bien el gobierno nacional reforzó la presencia de efectivos de Prefectura y de Gendermería en la zona, hasta ayer ninguna autoridad mostró preocupación por la marcha del conflicto. Los efectivos reclaman un salario mínimo de $ 1.500. En una escalada de tensión, el miércoles fue arrojada una bomba molotov contra una comisaría, mientras en los últimos días se incrementó -ante la menguada seguridad- el número de robos, asaltos y arrebatos. En el entorno de Colombi sospechan que la protesta es fogoneada por sectores de la oposición, con vistas a los comicios del año próximo. En esa línea, por lo bajo ponen en la mira al ex mandatario y primo del gobernador, Ricardo Colombi.
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