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24 de agosto 2006 - 00:00

Se perdieron 100 días de clases por toma en Comahue

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En rigor, el conflicto sigue, ya que la FUC se niega a permitir la normalización de la universidad, que hoy cuenta con una rectora interina (Teresa Vega), en un proceso parecido a la crisis que atraviesa también la Universidad de Buenos Aires.
Ahora cada cátedra deberá definir si se perdió o no el dictado de clases en el primer cuatrimestre. Mientras tanto, los estudiantes podrán volver a las aulas el próximo lunes, luego de que un escribano detectara ayer, según una fuente, el estado de «abandono» en el que se encuentran los edificios afectados. En este marco, ayer Vega garantizó que se dictará el segundo cuatrimestre.
En un intento de esconder el fracaso del copamiento, los cabecillas de la organización estudiantil aseguraron que para levantar la toma «se acordó avanzar sobre una nueva metodología, pero sobre la base de las mismas demandas que dieron inicio el conflicto», en referencia a la reforma del estatuto de la universidad.
«Creemos que en este período logramos instalar el tema de la necesidad de la democratización y vemos oportuno continuar nuestro reclamo por la vía de la negociación, ya que no queremos que luego nos responsabilicen de si se pierde el año académico cuando son cinco decanos quienes dilatan el conflicto», aseguró el presidente de la FUC, Guillermo Martín Martínez.
La toma estudiantil se inició el 16 de mayo pasado en el rectorado de la UNC para impedir la concreción de la Asamblea Universitaria, que al día siguiente iba a elegir al nuevo rector.
Pero la elección se concretó luego en otro emplazamiento, con la designación de Daniel Boccanera, aunque después el proceso se judicializó y finalmente un fallo hizo caer el nombramiento, dando lugar a la temporaria asunción de Vega.
Poco después, el copamiento de los activistas se extendió además a las facultades de Ingeniería, Economía, Humanidades, Servicio Social y Ciencias de la Educación, ante la impotencia y malestar de buena parte de los estudiantes y docentes.
Frente a este grave escenario regional, sorprendió -negativamente- el sugestivo silencio mostrado por el gobierno nacional, pese a que se trata de una casa de estudios que es de competencia federal.

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