La previsible preocupación que muestran los mandatarios se entiende si se tiene en cuenta que en la actualidad más de la mitad de los presupuestos se destina a salarios, y que la mayor parte de los distritos debe cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que desde enero de 2005 pone un cepo al gasto y al endeudamiento de las provincias. Problemas Las complicaciones para las arcas locales se reavivaron en las últimas semanas, luego de que el titular de la CGT nacional, Hugo Moyano, le arrancó a Néstor Kirchner un aumento en el salario mínimo, vital y móvil. La concesión gestada en Buenos Aires, como era de esperar, desató nuevos reclamos en el interior del país. Uno de los distritos más afectados por la ola de reclamos salariales es Córdoba, donde hoy rige una conciliación obligatoria y avanzan las negociaciones entre los gremios y el gobierno. Allí, De la Sota ya admitió que una de las posibilidades en análisis para otorgar un nuevo incremento es reasignar partidas que hoy en el Presupuesto están destinadas a la obra y los servicios públicos. Esta variante es analizada para el caso de que Kirchner mantenga su postura de no auxiliar con financiamiento extra al gobernador, en el marco de una fría relación producto de la falta de acuerdo en las candidaturas 2007 (de hecho, no descartan en la provincia desdoblar comicios, un escenario que complicaría los cálculos electorales del Presidente). Por de pronto, en el gobierno mediterráneo esperan alguna señal de la Casa Rosada este miércoles, día en que el santacruceño rubricará el convenio de refinanciación de la deuda cordobesa por $ 200 millones, además del reintegro a la provincia de fondos por $ 170 millones. En tanto, en Tucumán, el gobernador Alperovich decidió ampliar el Presupuesto local para gastar $ 220 millones más que lo previsto, fundamentalmente para hacer frente al pago de salarios. Decreto Según lo asegurado por el ministro de Economía local, Jorge Jiménez, a «La Gaceta» de Tucumán, hoy ingresaría a la Legislatura el decreto en cuestión, para su ratificación en el recinto. En paralelo, explicó el funcionario, el Ejecutivo tucumano prevé un ahorro de partidas por 170 millones de pesos. En este marco, el fueguino Hugo Cóccaro (FUP) aseguró en las últimas horas que la provincia no será conducida a un crac económico porque «no se puede repartir lo que no se tiene». En respuesta a los reclamos salariales de los gremios locales, el mandatario aseguró, además, que en la isla será respetado el Presupuesto 2006. «Otorgar 30% de aumento de sueldos significa aumentar esa masa en 160 millones de pesos, dinero que el Estado no está en condiciones de asignar porque implicaría un fuerte desfinanciamiento», dijo en declaraciones publicadas por «El Sureño».
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